Foto: Jonathan Bonilla

Redacción- Reforma a Ley de Usura elimina exclusión a créditos de 45.000 educadores y funcionarios del Ministerio de Educación Publica (MEP).

Tras la aprobación en primer debate de la reforma a la conocida Ley de Usura, que ahora brindará un acceso justo a créditos para personas que cuentan con un salario menor a ¢199.000, Caja de ANDE manifiesta su posición.

Adrián Soto, gerente de la entidad, afirma que “se trata de un gran paso hacia la inclusión de un grupo importante de personas que también tienen necesidades y derecho a solventarlas”.


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La institución celebra que, con esta modificación, unos 45.000 accionistas, que son educadores y funcionarios del Ministerio de Educación Pública, podrán seguir accediendo a facilidades crediticias y forman parte nuevamente del Sistema Financiero Nacional.

Soto hace un llamado, ahora más que nunca, a utilizar responsablemente las herramientas de financiamiento que ofrecen y recuerda que la entidad está a la disposición de sus accionistas para brindar asesoría personalizada en el proceso.

La institución agradece a los diputados por el trabajo realizado para que esto sea posible y queda a la espera de la aprobación final el próximo jueves 03 de noviembre y de la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta; para reactivar su oferta crediticia a las
personas que se encuentran fuera del alcance antes mencionado.

Por otra parte, durante el mes de octubre, los accionistas de Caja de Ande recibirán una devolución de cuotas de sus préstamos. Con esto, la entidad supera los ¢60 mil millones en ayuda a sus accionistas tras realizar este reembolso también en los meses de abril, mayo y setiembre de este año.

En total, serán 90 mil educadores y funcionarios del MEP beneficiados, quienes recibirán el dinero el próximo 5 de noviembre del 2020.

Las cuotas que se devolverán fueron deducidas automáticamente a inicio de octubre, correspondiente a diferentes líneas de créditos. Se trata de 256.000 operaciones de crédito en total, que equivalen a un monto de ¢20.500 millones.