- Municipalidad de Escazú habló sobre demanda contra el Estado
Redacción- El gobierno de la República estaría violando la Ley al mantener vigente la restricción vehicular, así lo declararon en conferencia de prensa los abogados municipales de Escazú.
Arnoldo Barahona, quien es alcalde de Escazú, anunció en conferencia de prensa que ya trabajan en redactar una demanda contra el Estado por mantener en vigencia la restricción vehicular sanitaria cuando un Juez de la República del Tribunal Contencioso, ordenó suspenderla hasta que culmine una investigación por el fondo para determinar si la medida se justifica o no.
«Nosotros en Escazú, hemos sido víctimas de reacciones fuertes y represivas por parte del Ejecutivo.
Cuando decidimos no sancionar por restricción vehicular, fuimos sometidos a varios contingentes de la policía de tránsito, sancionando por la restricción y por cualquier cosa, como una reacción infantil», dijo Barahona.
Uno de los abogados que representa a la Municipalidad de Escazú, indicó que la medida debe quedar suspendida desde este momento.
«El juez lo que dijo es que lo que está suspendido es la restricción vehicular, que al día de hoy sigue vigente.
Cualquier restricción a cualquier garantía de derechos es odiosa, cuando hay una restricción y el juez se pronuncia, siempre tiene que estar a favor del hombre», dijo José Pablo Badilla Quirós, abogado que lleva el caso contra el Estado.
Hasta ahora, los alcaldes de Santa Ana, Escazú, Carrillo, Nandayure, Santa Cruz y Liberia, se han unido a la demanda que dentro de poco será presentada contra el Estado.
El gobierno ha dicho que la restricción se mantiene y que la resolución del Juez, de apellidos Godínez, ya no tienen vigencia, pues correspondería a la medida restrictiva para el mes de agosto.
«La restricción vehicular sanitaria sigue en pie y debe de ser respetada para evitar multas», manifestó el Ministro de Comunicación, Agustín Castro el viernes en horas de la tarde.
Además, el gobierno señaló que tras una apelación presentada por el Ejecutivo contra la resolución del juez, se deja sin efecto su dictamen.
«La apelación deja sin efecto la medida cautelar que presentó un juez del Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que esta medida aún no se encuentra en firme», dijo el Gobierno.
Por su parte, Barahona y Badilla fueron claros en señalar que la medida de restricción no puede aplicarse por orden del Juez y pese a que se requiere hacer una investigación de fondo sobre el tema, de igual forma, la restricción queda suspendida mientras se realiza ese proceso.
