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  • Afirman que tiene vicios que perjudican el ambiente, al mercado y a los pescadores

Redacción – Algunos ciudadanos panameños se han unido por una misma causa y piden al presidente, Laurentino Cortizo, vetar la Ley de Pesca y Acuicultura de forma parcial.

Esto para que las autoridades puedan revisarla y modificarla acorde a las necesidades y requerimientos ambientales y del mercado panameño.

Aunque no es específicamente sobre la práctica de la pesca de arrastre, los pescadores en Panamá están preocupados por las desventajas que puede traer esa ley.

Según los más de 30 colectivos y organizaciones, esta ley presenta algunos vicios y piden que se realice un exhaustivo análisis antes de que se ponga en práctica.

El proyecto de ley 131 de 2020 fue aprobado por el Parlamento de Panamá el pasado mes de octubre.


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Además, resaltan que la planificación y propuesta del proyecto, excluyó a los expertos en temas ambientales y los científicos.

La Agencia EFE publicó, hace dos semanas, que los profesionales en el área afirman que esto pone en riesgo a que los mercados de Estados Unidos y Europa establezcan restricciones a Panamá.

Lo anterior se daría porque plantea una «ambigüedad en cuanto al tema de las sanciones» a quienes incumplan las normas y eso «puede ir en contra de lo que nos están exigiendo a nivel internacional, por ejemplo la Unión Europea, de fortalecer el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», explicó a EFE la gerente de Incidencia Política de la Fundación MarViva, Tania Arosemena.

La ambientalista también indicó que no se diferencia, con claridad, la pesca artesanal versus la pesca semi-industrial.

Desde MarViva indican, en redes sociales, que la nueva ley disminuye las multas máximas que las autoridades pueden imponer a quienes incumplan las normativas.

Lo anterior evidencia, según la oposición, que la actual ley tiene vicios de la ley anterior. Es decir, está desactualizada.

Es por eso que piden una reglamentación adecuada, equitativa y que sea sostenible.

El pasado 30 de octubre en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado vetó la Ley de Pesca de Arrastre que pretendía revivir esa práctica, la cual ha sido criticada por su impacto ambiental.