Redacción. La diputada liberacionista, María José Corrales, aseguró que «los derechos laborales de las cocineras de los comedores escolares deben respetarse».
Solo en este año ya se han presentado 26 denuncias por pagos salariales menores al
mínimo legal o problemas con la continuidad de contratos de trabajo.
La fiscalización de los recursos públicos que se destinan al pago de salarios a las 5.401
servidoras contratadas por las Juntas de Educación debe realizarse de mejor manera
por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Así lo solicité a la ministra de Educación Guiselle Cruz, en audiencia en la Comisión de
Juventud, Niñez y Adolescencia, donde también asistió la ministra de Trabajo, Silvia
Lara.
En la sesión, aprobamos una moción para que asistan en audiencia los representantes
de Sitracome, el sindicato de las trabajadoras de los comedores escolares para
referirse a este tema.
Los comedores escolares están cerrados desde el 22 de marzo del
año pasado y como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19, se
repartieron entre 4653 centro educativos 8.5 millones paquetes de comida, lo cual
benefició a 854 mil estudiantes.
