Enrique Egloff, presidente de la CICR. AMPrensa.com.
Redacción. Los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Cámara de Industrias y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria criticaron el hecho de que se hayan aprobado excepciones en la Ley de Empleo Público, como la que se dio para los universitarios.
En la moción que se aprobó se dio una excepción «solapada» para los funcionarios de las universidades públicas, contradictoria con respecto a la generalidad del salario global que habría de aprobarse para todos los servidores públicos.
Precisamente, hace dos semanas la Uccaep había propuesto una alternativa, en conjunto con diversos sectores sociales, en la cual, el Ministerio de Planificación asumiría la rectoría.
«Como sector productivo manifestamos, además, nuestra seria preocupación ya que no se observa un liderazgo claro desde el Gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana para que este proyecto se blinde y sea aprobado de la mejor forma en el Plenario. De hecho, es preocupante este retroceso en el proyecto de ley, el cual contó con el voto del presidente de la Comisión de Gobierno, que precisamente es del partido oficialista», afirmaron.
Por otra parte, como sector empresarial responsable deseamos ahondar en los cambios que requiere el aparato estatal, además de impulsar una reactivación económica sostenida. Para lograrlo se necesitan medidas decididas en todos los ámbitos y una adecuada articulación que permita abrir los espacios que potencien la inversión local y extranjera.
La Cámara de Industrias de Costa Rica hace un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para que no se den exclusiones en la reforma de empleo público. Las mociones aprobadas ayer en la Comisión de Gobierno y Administración permitirían crear un subsistema para las universidades públicas, perpetuando la problemática de salarios y pluses exorbitantes de algunos funcionarios de dichas instituciones.
Para los industriales, de una vez por todas debe aclararse la interpretación de la autonomía universitaria, pues dicha condición no puede utilizarse en función de las circunstancias o afectación personal de algunos funcionarios de las universidades.
El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, fue enfático en indicar que “justamente el mes pasado le fueron presentadas una serie de propuestas a los diputados entre las que destacaba el traslado de la rectoría en el tema de empleo público al Ministerio de Planificación (Mideplan) y fortalecer la Dirección del Servicio Civil como un órgano desconcentrado y de autonomía técnica en coordinación con las áreas de recursos humanos o denominaciones homólogas de las entidades, con el fin de evitar problemas jurídicos de fondo y conflictos con la autonomía de determinadas entidades”.
Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, aseguróque el inicio de un proceso de exclusiones de instituciones del Estado de la Ley de Empleo Público, siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, desmantela también la posibilidad de que los proyectos de ley asociados a más impuestos, tengan cualquier intención de avance.
