Estado demanda penalmente y pide ₡10 millones a alcalde de Heredia y abogada

Por el delito de tráfico de influencias agravado

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Redacción- La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, interpuso escritos de Querella y Acción Civil Resarcitoria en el proceso penal n° 16-3551-369-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Heredia, contra el Alcalde José Manuel Ulate Avendaño y la abogada particular, María Auxiliadora Alfaro Chacón.

Las acciones tienen que ver con la influencia que realizó el Alcalde a policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de la abogada; ante llamada que ella misma le realiza a Ulate Avendaño y ahí es cuando el Alcalde da la orden a los policías de que lo dejen en libertad y que cancelen el procedimiento.

Los hechos que se querellan constituyen en grado de probabilidad, y en criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, para ambos querellados y demandados constituyen un delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; se atribuyen como consumados y en calidad de autores.

Además, se demanda civilmente el daño social derivado del hecho punible que se ha estimado en la suma de cinco millones de colones exactos (¢5.000.000), para José Manuel Ulate Avendaño y María Auxiliadora Alfaro Chacón ; para un total de diez millones de colones (¢10.000.000).

El proceso que continúa, es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría General de la República, lo cual se realizará en la Fiscalía Adjunta de Heredia, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la Audiencia Preliminar, y decidir en ese momento si la causa penal se eleva a juicio, entre otros.