Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. AMPrensa.com.

Redacción-La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, nuevamente urgió al presidente de la República, Carlos Alvarado, acciones concretas para reactivar la economía del país.

Desde el 2020, la Defensoría viene pidiendo cuentas al Presidente sobre la reactivacion económica. Por eso, en un oficio enviado esta semana al Presidente, la jerarca nuevamente pidió cuentas y fue enfática en que para superar la crisis económica que atraviesa el país.

En ente defensor señala que se debe definir e implementar una agenda o plan de reactivación del aparato productivo nacional, empleo y consumo interno, con el objetivo de lograr tasas de crecimiento económico superiores al 5%.

Para la Defensoría, las medidas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no reactivarán la economía ni incrementarán el empleo; por el contrario, se estaría aplazando el problema para enfrentarlo en un futuro, lo que implicaría mayor sacrificio para la población.

Considera la Defensoría que el convenio con el FMI permitirá destinar fondos para la atención de la crisis sanitaria a corto plazo y sustituir parte de la deuda pública-

Según analistas, el principal beneficio de este acuerdo no es financiero, sino que el convenio generaría confianza, credibilidad, y seguridad a los inversionistas internacionales para el acceso a crédito externo a tasas de interés menores que las pagadas actualmente.

En razón de lo anterior, la Defensoría pide a la Presidencia de la República impulsar medidas concretas para la reactivación económica, que han sido esbozados por distintas organizaciones sociales y expertos nacionales en el campo del desarrollo, quienes han sugerido, por ejemplo; establecer un programa de condonación parcial de la deuda del Gobierno y renegociar a la baja el pago de intereses con las instituciones públicas que constituyen al día de hoy los principales acreedores de la deuda pública interna; además de decretar la reprogramación de vencimientos (sin comprometer la capacidad de éstas para prestar servicios públicos a la población); y, aplicar los superávits libres o no ejecutados de las entidades públicas para la amortización de esa deuda interna.