Redacción-La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecuta 57 allanamientos simultáneos para obtener prueba para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).
Algunas de las intervenciones se realizan en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial y Consejo de Transporte Público (CTP), entre otras.
La intervención de Casa Presidencial, el allanamiento se dio en una oficina que es usada por asesores presidenciales; pero no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes.
Por eso, Casa Presidencial anunció que ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación.
“Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas. En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”, manifiestan.
En la operación, las autoridades esperan detener a 33 personas que sirven al país, así como a representantes de empresas importantes.
Todos los delitos se cometieron por personas relacionados con la construcción de obra pública y mantenimiento red vial
De acuerdo con la FAPTA, en el expediente 19-000025-1218-PE se investigan presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda, así como de personas particulares de empresas constructoras.
Las diligencias judiciales solicitadas por la FAPTA ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José se ejecutaron en las casas de habitación de los sospechosos, ubicadas en diversos puntos del Área Metropolitana, así como en las oficinas de cada uno de estos y en las empresas de interés, localizadas en San José y en San Carlos.
La prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar.
Las personas imputadas se encuentran a la orden de la FAPTA en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación.
