Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes. Foto: Julieth Méndez

Redacción.  Las diligencias judiciales que iniciaron el pasado lunes no impedirán que los contratos de obra pública vigentes sigan su curso, aseguró el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

El jerarca emitió, desde ayer, instrucciones al personal del MOPT/ CONAVI de atender sus responsabilidades ante cada uno de estos contratos, actuando con el mayor apego a la transparencia y la legalidad.

«Es muy importante recordar que los proyectos financiados con recursos provenientes de
créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, son administrados por las Unidades
Ejecutoras bajo la tutela de dicho ente, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Los proyectos de obra pública denominados como obras impostergables (OBIS) dentro de la Ruta 1, Fideicomiso San José – San Ramón, son ejecutados, administrativa, técnica y financieramente por el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, mientras que los proyectos financiados a través de recursos provenientes de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son administrados, en su mayoría, bajo contrato con la UNOPS, agencia de las Naciones Unidas que los ejecuta dichos proyectos administrativa, técnica y financieramente.

«Se debe comprender que el desembolso de los dineros a las empresas adjudicatarias
son realizados por unidades externas (Unidades Ejecutoras PIT, UNOPS, Fideicomiso BCR) que administran esos recursos, distintas a aquellas que han sido sujeto de una investigación en el Conavi», destacó.

Dichos proyectos son: Cañas-Limonal; Limonal-Barranca; La Angostura; Taras-La Lima; Rotonda Garantías Sociales; Rotonda La Bandera; Rotonda Guadalupe; Puentes sobre el Río Virilla; Puente Sixaola y OBIS de Ruta 1.


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Méndez Mata añadió que por ser un caso en investigación por parte de las autoridades judiciales no se puede referir a los detalles de los hallazgos del OIJ y el Ministerio Público. El Ministro no conoce los alcances de dicha investigación ni los hechos que fundamentan la actuación del órgano judicial y las autoridades competentes.