- ¿Falló la Policía porque encontró el cuerpo de Allison seis meses después del crimen?
Por Daniel García Ureña para Digitus CR
¡No!
Así respondió Rodrigo Araya, abogado de la familia de la joven y criminólogo, al reconocer que el impedimento legal para que la policía indagara al sospechoso hizo que el hallazgo dependiera de su posterior confesión.
El Tribunal Penal de Cartago impuso este miércoles 18 años de cárcel a Nelson Sánchez Ureña, alias Sukia, por el crimen ocurrido a principios de marzo de 2020.
Recibió condena por un homicidio simple recalificado y fue absuelto de un delito de violación.
En 1996 se produjo la reforma al Código Procesal y con ella la dirección funcional de las investigaciones le fue conferida al Ministerio Público. Con ello, la Policía Judicial quedó limitada, según criterio del defensor.
Araya recalcó que se trata de un hecho insólito del que ha hablado tanto con Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como con la diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para corregir la legislación, pero aún no se logra.
El litigante aseguró que sin la confesión del imputado habría sido imposible encontrar el cuerpo de la víctima y añadió que la falta de servicio de transporte público en Ujarrás de Cartago jugó un papel relevante en la tragedia.
Factores de una tragedia
“Allison no hubiera muerto, por ejemplo, si hubiera buses de Ujarrás”, consideró el representante legal, pues el homicida no habría tenido la oportunidad de acercársele con la excusa de llevarla a su casa.
Familiares y amigos encontraron el cuerpo de Bonilla seis meses después de angustiosas búsquedas, en un botadero clandestino.
Las autoridades recibieron duras críticas por este y otros casos, e incluso comunicaron que usarían un nuevo protocolo para desapariciones debido al malestar que causó entre la población la percepción de que los agentes no hacían bien su labor por la aparente falta de resultados.
La medida fue supervisada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Randall Zúñiga, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, comentó que a raíz del crimen hubo cambios en el abordaje de la institución para casos como el de Allison.
“Se estableció un protocolo que determina la obligatoriedad de realizar acciones según sea el momento procesal de la investigación, sea menor a 24 horas, así como diligencias sugeridas entre las 24 y 72; también posibles diligencias superiores a las 72 horas”.
Sobre la prevención y el combate de esta clase de hechos, el Inamu, mediante Adina Castro García, del Departamento de Violencia de Género, afirmó que se cuenta en el país con el impulso de la “Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, de todas las edades. Costa Rica 2017-2032”, que coordina a 22 instituciones.
“Si se lograra cumplir los objetivos, sería posible obtener avances en la prevención de la violencia contra las mujeres”, consideró.
