• Funcionarios pueden presentar sanciones o hasta el despido si no se vacunan
  • Código de Trabajo respalda obligatoriedad de la vacuna

Redacción – El decreto que exige la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 ya fue firmado y entrará a regir a partir del próximo 15 de octubre.

Con esto, todos los funcionarios públicos deberán aplicarse sus dos dosis contra el Covid-19 y, además, faculta a los patronos a solicitar la inmunización a sus colaboradores.

«Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el Covid-19», dice el decreto.

Presidencia espera que el decreto firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado; y el ministro de Salud, Daniel Salas, sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta la noche de este lunes.

«Tenemos que seguir insistiendo en que la vacunación es una de las herramientas más importantes para ir saliendo de este trago tan amargo que hemos experimentado como humanidad en los últimos meses. Que Costa Rica tenga vacunas disponibles y que hay gente que no quiera hacerlo es algo penoso que debemos seguir trabajando», indicó Salas en conferencia el pasado 28 de setiembre.


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En el caso del sector público, el funcionario se expone a sanciones y procedimientos disciplinarios de diversos grados en caso de que se niegue a vacunarse.

Para los colaboradores privados, si se niegan, pueden ser despedido incluso sin responsabilidad patronal, según explicó a AMPrensa.com la abogada especialista en derecho laboral, Paola Gutiérrez.

«En el artículo 81, inciso h), que se refiere al despido sin responsabilidad patronal, señala que se podrá despedir al trabajador que de manera manifiesta y reiterada, se niegue a cumplir con las medidas de prevención para evitar enfermedades», agregó la abogada.

Entre otros artículos, el 285 del Código de Trabajo indica que el empleado tiene el deber de acatar y cumplir con la normativa de salud ocupacional, incluso con lo que promulguen las autoridades competentes al respecto.

Por su parte, la Sala Constitucional ha analizado lo referente a la obligatoriedad y reconoce la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho fundamental a la salud y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas.

Las muertes asociadas al Covid-19 representan la cantidad más elevada de fallecimientos en Costa Rica, en tiempos modernos, ocasionados por una sola causa.

Además, el sistema hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya se encuentra saturado. Tanto así que tuvieron que recurrir a centros privados para la atención de pacientes no Covid-19 y poder liberar camas.

Datos del Ministerio de Salud al 8 de octubre informan que 6.612 personas han fallecido por complicaciones vinculadas al coronavirus y hay 1185 personas hospitalizadas: 766 en salón general y 419 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La vacuna puede ayudarle a combatir el Covid-19 en todo sentido. No necesariamente evita que se contagie, pero si llegara a contraer el virus, los anticuerpos impiden que se agrave su salud y requiera hospitalización o incluso evita que muera por las complicaciones.

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