Redacción-La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), decidió apersonarse como parte procesal en representación del Estado en su condición de víctima, al proceso penal seguido bajo sumaria n° 20-9616-42-PE conocido como Caso Diamante.
El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP tener conocimiento de la investigación, aportar prueba, y ejercer la querella y la acción civil por daño social para cobrar los daños y perjuicios en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública.
De demostrar la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José, la culpabilidad de los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José, Mario Redondo, de Cartago, Alfredo Córdoba Soro; de San Carlos, Humberto Soto Herrera, de Alajuela, de Osa, Alberto Cole De León y el de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés, podrá la PEP cobrarles daños y perjuicios.
También podrán cobrarles resposabilidad a los otros funcionarios municipales identificados como Boraschi González, Funcionario Municipalidad de Escazú, Chacón Ugalde, Funcionario Municipalidad de Alajuela, Suárez Vásquez Funcionario Municipalidad de Golfito, y Mayorga Mayorga, Funcionario Municipalidad de Golfito.
Lo anterior se realizó conforme lo autoriza el artículo 3 inciso H de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en representación del Estado Costarricense.
Operación Diamante
Se investiga esta organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
