Con fines ilustrativos

Redacción -Los ticos podrán producir su propia energía gracias a que entró en vigencia la “Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables”, tras haber sido publicada en el diario oficial La Gaceta.

Esta nueva ley permite que a partir del 2022 residencias, comercios e industrias puedan producir su propia energía, limpia y de menor costo, e incluso vender sus excedentes de electricidad.

Alberto Rodríguez, Gerente de Ingeniería de GoSolar, explica que, gracias a esta ley, cualquier persona o empresa en todo el territorio nacional puede instalar paneles solares para autoabastecerse sin necesidad de pasar por los engorrosos trámites establecidos anteriormente.

Eso sí, siempre y cuando la vivienda o comercio no inyecte energía a la red de la empresa distribuidora.

Esta ley es un paso importantísimo en regulación energética, porque por primera vez se pone al usuario en el centro de la ley como principal beneficiario. Esta ley logra democratizar el acceso a los recursos distribuidos, como la energía solar, como nunca antes. La ley permite que todas las personas y todas las empresas del país puedan generar su propia energía para su consumo. Esta nueva modalidad que se llama operación sin entrega de excedentes le permite a cualquier usuario generar energía sin tener que pasar por trámites lentos, engorrosos y caros. Nunca antes había tenido un usuario tanta libertad”, explicó Alberto Rodríguez, Gerente de Ingeniería de GoSolar. 

Rodríguez además menciona que aquellos que deseen seguir intercambiando energía con la red, van a tener la posibilidad de vender sus excedentes de vuelta a la empresa distribuidora, generando un nuevo mercado de energía, algo que hace años era impensable en el país.

Además, los límites existentes de penetración en los circuitos se podrán ampliar según las particularidades específicas de cada uno de los circuitos eléctricos, permitiendo que más energía solar pueda entrar a nuestra matriz energética.

Esta ley representa el primer cambio en materia energética a nivel de ley en décadas y va a permitir modernizar el marco regulatorio, ahora centrado en el usuario final. 

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