Imagen con fines ilustrativos.
  • Iniciativa ahora pasará al plenario con el objetivo de convertirse en ley de la República.

Redacción – La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio
Exterior le dio luz verde al expediente 22.202 en el que se propone establecer un Tratado de Extradición entre Costa Rica y Argentina.

Propuesta que inclusive ya había superado el proceso de trámite en la corriente legislativa y llegó hasta el plenario donde nunca fue abordado por los legisladores.

Esto ocasionó que el tema fuera devuelto al trámite requerido, todo con el objetivo de intentar de nuevo que se convierta en ley.

Misma que establecería una serie de parámetros en los cuales sería posible llevar a cabo una extradición de un país a otro.

Situación que ocurriría siempre y cuando la persona reclamada por las autoridades tenga pendiente ser procesada o bien para el cumplimiento de una sentencia.

Un punto que deja en claro el proyecto es que dicha medida sería posible de ejecutarse cuando al momento de la solicitud de extradición el tiempo de la pena que falte por cumplir no sea menor a un año de prisión.

Otro punto es que una extradición no se llevará a cabo en casos de delitos considerados por el Estado que pide el traslado de la persona como delitos políticos

Por lo que, especifican que no serán considerados como delitos políticos: el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia o de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas o de un miembro de sus familias, así como los delitos de genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.

Lista en la que incluyen cualquier otro delito que no sea considerado como delito político por parte de cualquier tratado multilateral, siempre y cuando los dos países sean firmantes.

El proceso de extradición tampoco será valido si el Estado requerido tiene motivos fundados para creer que la solicitud se ha formulado con miras a procesar o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, entre otros.

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