Lo que está en juego es el alcance de la autoridad de la FDA, para regular el medicamento que la comunidad médica ha considerado seguro y eficaz.
Redacción: El juez de la Corte Suprema Samuel Alito volvió a extender el acceso a la píldora para abortar en Estados Unidos.
Por su parte, el alto tribunal evalúa el caso, al suspender temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenó restricciones en el acceso al medicamento.
La nueva orden, llamada “suspensión administrativa”, traslada esa fecha límite al viernes 21 de abril.
Alito escribió la orden porque tiene jurisdicción sobre el tribunal inferior que falló en la disputa.
Lo que está en juego es el alcance de la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamento de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para regular el medicamento mifepristona, que la comunidad médica ha considerado seguro y eficaz.
La mifepristona ha sido utilizada por millones de mujeres en todo el país en las más de dos décadas que lleva en el mercado.
La batalla legal comenzó en noviembre pasado cuando un grupo que representa a médicos que se oponen al aborto presentó una demanda con el argumento de que la FDA no había hecho lo suficiente para garantizar la seguridad del medicamento unas dos décadas antes.
El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, emitió un fallo amplio el 7 de abril que bloqueó la aprobación del medicamento, así como los cambios que la FDA realizó en los años siguientes para que fuera más accesible. Sin embargo, retrasó siete días la fecha de vigencia de su fallo para dar tiempo a una apelación.
Rechazando el consenso de la comunidad médica, Kacsmaryk planteó dudas sobre la seguridad del medicamento, incluyendo en su opinión la jerga que suelen utilizar los opositores al aborto. Calificó a los médicos que realizan el procedimiento de “abortistas” y explicó que rechazaría el término “feto” a favor del más incendiario “humano por nacer”. En lugar de referirse al procedimiento como un “aborto con medicamentos”, insistió en llamarlo “aborto químico”.
La FDA, sostuvo Kacsmaryk en un momento, “consintió en sus legítimas preocupaciones de seguridad, en violación de su deber legal, en base a un razonamiento y estudios claramente erróneos que no respaldaron sus conclusiones”.
