Redacción – La mañana de este martes, agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lograron la detención de una mujer de 31 años de apellido Mendoza, quien figura como sospechosa de los delitos de Privación de Libertad, Retención y Apropiación Indebida, Simulación de Delito e Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Según el informe preliminar, entre los meses de octubre y noviembre de 2023, en apariencia la femenina sospechosa habría solicitado al menos dos créditos a nombre de una amistad sin el consentimiento de esta; seguidamente, la imputada y la víctima se habrían reunido en el apartamento de la mujer detenida ubicado en el cantón de Tibás, donde al parecer esta habría aprovechado y le habría suministrado un tipo de medicamento somnífero en una bebida, con la intención de dormirla.

Posteriormente, la sospechosa habría acudido a una sucursal de un banco privado y se habría hecho pasar por la ofendida con el fin de cambiar el correo y las contraseñas de sus cuentas bancarias.

Cabe mencionar que, la víctima estuvo privada de su libertad por al menos dos días y supuestamente en ese lapso también, la sospechosa habría simulado un robo a vivienda en donde al menos cuatro masculinos ingresaron a la casa y habrían realizado movimientos bancarios en una de las cuentas bancarias de la ofendida.

Tras realizar las primeras diligencias de investigación, los agentes judiciales pudieron calcular el perjuicio económico que asciende aproximadamente entre los 14 a 18 millones de colones.

Además, se realizaron varias vigilancias y seguimientos, donde se pudo constatar que la sospechosa había cambiado de domicilio y se habría trasladado al sector de Mozotal en Ipís de Goicoechea, donde esta mañana se logró allanar su vivienda y detener.

A la hora de realizar el registro de la propiedad se pudo ubicar documentación de relevancia para la investigación y también una cantidad importante de aparente droga de tipo marihuana, empacada para su comercialización.

La mujer detenida fue puesta con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.