Redacción – El Ministerio Público firmó una importante alianza de cooperación internacional con Eurojust, en busca de combatir delincuencia organizada y el terrorismo.
Aparte de Costa Rica, cuatro países más de Latinoamérica tendrán ayuda, los cuales son; Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Los nuevos acuerdos harán más eficaz la cooperación estratégica entre estas autoridades y Eurojust.
Ante eso los fiscales generales de los cinco países y de Panamá, que ya tiene un Acuerdo de Trabajo firmado con Eurojust, asistieron al acto de las firmas en La Haya.
El 68% de las redes delictivas más peligrosas operan a escala mundial, y el 36% de ellas se dedican al tráfico de drogas, según un informe de Europol. Estas redes blanquean el producto de sus actividades a escala global, y el 32% de ellas lo hace tanto en la Unión Europea -EU- como en el extranjero.
«Para desmantelar estas redes es esencial la cooperación internacional. En este sentido, Eurojust apoya a las autoridades nacionales de la UE para que colaboren con terceros países. Los Acuerdos de Trabajo con Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, reforzarán la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Un Acuerdo de Trabajo similar fue firmado por Panamá, en enero de 2024, lo que ha contribuido a que las autoridades panameñas incrementaran el uso de las herramientas de cooperación judicial que ofrece Eurojust», citó el Ministerio Público.
En la firma de los acuerdos de trabajo, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, declaró: «Hoy abrimos un nuevo capítulo en la cooperación entre la UE y seis socios estratégicos en este ámbito. Partiendo de nuestros valores compartidos y de nuestros intereses estratégicos comunes, podemos dotar a las autoridades judiciales de los instrumentos necesarios para salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo una cooperación eficaz «sobre el terreno». Considero la conclusión de los Acuerdos de Trabajo con Eurojust como un hito en este proceso. Y espero con interés avanzar en nuestra colaboración para construir una respuesta común a la delincuencia organizada».
El presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, ha declarado: «El tráfico de drogas es la actividad delictiva más lucrativa en la UE, ya que genera un mercado ilícito con unos ingresos anuales de al menos 31.000 millones de euros. Para mitigar y detener el enorme daño a las sociedades y a los individuos tanto en la Unión Europea como en América Latina, nuestra respuesta debe ser eficaz y colaborativa. Es esencial que los fiscales de Europa y América Latina se unan y diseñen estrategias para una cooperación más estrecha, que nos permita no sólo desarticular las redes criminales, sino también exigirles responsabilidades ante los tribunales. Es un honor para mí que Eurojust sirva de plataforma para construir esta arquitectura, y estoy deseando poner en práctica los Acuerdos de Trabajo que Eurojust ha firmado con las autoridades judiciales de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, tras el Acuerdo de Trabajo que firmamos con Panamá en enero de 2024.»
Los Acuerdos de Trabajo reforzarán la cooperación en ámbitos delictivos, que afectan tanto a la UE como a los países latinoamericanos, en temas como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y ciberdelincuencia. Es vital que las autoridades judiciales trabajen juntas para combatir el creciente problema del tráfico de drogas, especialmente mediante el desmantelamiento de las rutas de transporte que mueven grandes cantidades de drogas y que ingresan a la UE a través de los puertos. Con el apoyo de Eurojust, en 2023 se incautaron drogas por valor de 25.600 millones de euros, más del doble que en 2022.
¿Qué es Eurojust?
Es una Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, con centro único con sede en La Haya (Países Bajos), donde las autoridades judiciales nacionales colaboran estrechamente en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza organizada. La función de Eurojust es ayudar a hacer de Europa un lugar más seguro mediante la coordinación del trabajo de las autoridades nacionales, tanto de los Estados miembros de la UE como de terceros países, en la investigación y la persecución de la delincuencia transnacional.
