Redacción – El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y ha dictado medidas cautelares contra siete funcionarios por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños, niñas y adolescentes. La denuncia, interpuesta en 2023, señala problemas en las acciones psicosociales y legales que son cruciales para garantizar una atención integral adecuada a los menores de edad.
Las medidas cautelares, dictadas en julio, incluyen la suspensión de labores de trabajadores sociales, abogados, psicólogos y un coordinador que desempeñan sus funciones en diversas regiones del país. Estas medidas forman parte de una investigación preliminar y pueden ser prorrogadas según avance el proceso.
El Proceso Especial de Protección abarca todas las acciones psicosociales y legales implementadas para asegurar el interés superior de los menores. Este proceso incluye desde la orientación y apoyo hasta el cuido provisional en familias sustitutas y el abrigo temporal en entidades públicas y privadas. El objetivo es garantizar que se respete el principio de defensa y debido proceso en la resolución de conflictos relacionados con los derechos de los menores.
La Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza, ha declarado que «Esta administración es cero tolerante a las supuestas faltas de los funcionarios y tomará todas las medidas administrativas y judiciales que correspondan. El accionar del PANI y cada una de las personas que laboramos, debe responder al interés superior de cada niño, niña y adolescente. Por ello, supervisar de manera constante que cada decisión administrativa del Proceso Especial de Protección responda a este interés, es prioridad».
En respuesta a la situación, se presentará una modificación al Proyecto de Ley 23.672, denominado «Mejoramiento de la Gestión y Fortalecimiento del Proceso Especial de Protección en aras de su desinstitucionalización». Esta modificación tiene como objetivo mejorar la supervisión y monitoreo de las condiciones de protección de los menores, asegurando la permanencia y revisión periódica de las medidas de cuido provisional y abrigo temporal.
Además, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se desarrollará un nuevo modelo de acogimiento familiar con el apoyo de un auditor externo. Este modelo busca fortalecer la alternativa del acogimiento familiar como el entorno protector óptimo para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
