La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, descartó una intervención militar como una vía para solucionar la crisis política de Venezuela si resulta electa en noviembre.

«Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí», dijo en una entrevista con la cadena Telemundo al ser consultada sobre cómo atendería la crisis en el país sudamericano de ser electa presidenta.

«EEUU debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección y yo he sido muy clara sobre eso, en cuanto a la elección que ocurrió en Venezuela la voluntad de la gente debe ser respetada y por eso hemos emitido sanciones», continuó.

El Consejo Nacional de Venezuela (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero la oposición, que publicó actas originales que conservaron sus testigos de mesa, denuncia fraude y le atribuye la victoria a su excandidato, Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España.

Casi tres meses después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado resultados desglosados y parte de la comunidad internacional ha descartado reconocer a Maduro como presidente electo hasta que no se demuestren resultados «verificables».

Washington, que ha instado al gobierno y a la oposición a iniciar discusiones sobre una transición «pacífica y respetuosa», es uno de los países que han pedido una auditoría imparcial e independiente que evalúe las actas electorales.

Maduro ya recibió la invitación del Parlamento oficialista que lo juramentará el próximo 10 de enero, como establece la Constitución. Sin embargo, González Urrutia ha dicho que espera volver a Venezuela «lo más pronto posible» para asumir el cargo.

En agosto, Harris envió una carta a González Urrutia y a la líder opositora, María Corina Machado, a quienes les ratificó su compromiso de apoyar una «entrega de poder respetuosa y pacífica».

En tanto, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, ha dicho que de ganar las elecciones iniciaría una deportación masiva de venezolanos.

Desde hace varios años Washington ha implementado una política de sanciones contra el gobierno venezolano y varios altos funcionarios presuntamente implicados en violaciones a los DDHH y corrupción, entre otros señalamientos. Sin embargo, no han cumplido con las expectativas de forzar un cambio de gobierno.

En abril, EEUU revocó una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela por considerar que el gobierno de Maduro incumplió compromisos asumidos en materia de garantías electorales, pero permitió la posibilidad de que se emitan licencias específicas.

Las relaciones entre EEUU y Venezuela comenzaron a vivir uno de sus peores momentos desde 2019, durante la administración del expresidente Donald Trump, que instauró una política de máxima presión y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

En 2022, tras la invasión de Rusia Ucrania, se abrió un canal directo entre Washington y Caracas que derivaron en el canje, el año pasado, de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro, actualmente ministro de Industrias, que era procesado en EEUU por lavado de capitales.

Posteriormente el gobierno venezolano acusó a EEUU de incumplir dos memorandos de entendimiento firmados con representantes de la administración del presidente Joe Biden, uno sobre materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y diplomáticos, orientados a normalizar las relaciones entre ambos países.

Este mes el Ministerio de Interior y Justicia venezolano informó que al menos 7 estadounidenses fueron detenidos por presuntamente estar implicados en supuestos planes para atentar contra el gobierno.