Redacción- El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica expresó su rechazo al decreto N.º 44829-S, firmado por el Presidente de la República y la Ministra de Salud, al considerar que este presenta violaciones al ordenamiento jurídico y constituye un acto arbitrario y nulo.
Según la entidad, el decreto vulnera la autonomía del colegio y las disposiciones legales que rigen su función como garante de la idoneidad profesional en el ámbito médico.
El colegio recordó que la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional han reconocido la autonomía de los colegios profesionales para regular el ejercicio de sus miembros. Esto incluye establecer requisitos, evaluar competencias y otorgar autorizaciones para el ejercicio de especialidades médicas, según lo establece la sentencia N.° 3147-2011. El decreto, al pretender omitir estas atribuciones, viola el principio de juridicidad y el principio constitucional de idoneidad, fundamentales para garantizar la calidad en la atención médica.
El pronunciamiento enfatizó que el decreto permite exenciones y omisiones en los requisitos de incorporación, lo que podría poner en riesgo la salud pública. Según el colegio, permitir que médicos no autorizados ejerzan bajo estas condiciones crea desigualdad frente a los profesionales que han cumplido con todos los procedimientos legales y técnicos necesarios. Además, expone a los pacientes a ser atendidos por personas cuya idoneidad no ha sido garantizada, afectando el interés público.
En respuesta a las necesidades del sistema de salud, el Colegio de Médicos informó que ya ha autorizado a 20 especialistas para ingresar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, en coordinación con la Gerencia Médica, se prevé la autorización de otros 60 especialistas del programa de la UCR y 12 más de una universidad privada en la próxima semana, alcanzando un total de 92 médicos en áreas críticas como anestesiología, pediatría, cardiología y neonatología, entre otras.
El colegio reafirmó que el decreto constituye un desbordamiento de competencias del Ministerio de Salud, ya que no puede prevalecer sobre la Ley Orgánica del Colegio de Médicos. Subrayó que cualquier acción que pretenda debilitar las funciones de control, regulación y vigilancia del ejercicio médico es contraria a la ley y afecta directamente la calidad de la atención que merece la población costarricense.
