Redacción- La Corte Suprema de Justicia aprobó este lunes 16 de diciembre la propuesta de un proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir la infiltración del crimen organizado dentro de la institución.
El proyecto fue respaldado por los magistrados durante la Corte Plena y ahora será remitido a la Asamblea Legislativa para su respectiva tramitación.
Objetivos del Proyecto
El proyecto de ley busca mejorar las investigaciones internas, agilizar los procesos disciplinarios y establecer sanciones más eficaces. El magistrado Jorge Leiva Poveda, miembro de la comisión encargada de desarrollar la propuesta, explicó que la iniciativa abarca reformas que impactan tanto al personal en propiedad, interino, como a los trabajadores meritorios (quienes se desempeñan como voluntarios para ganar experiencia), además de aquellos que integran listas de suplentes, elegibles o meritorios no nombrados. La ley también permitirá excluir a quienes incumplan ciertas normativas de dichas listas.
Nuevas Herramientas para Combatir la Corrupción
Una de las características más destacadas del proyecto es la inclusión de reglas especiales para casos de corrupción. Esto incluye la ampliación de los plazos de investigación y la eliminación de obstáculos que puedan generar impunidad por formalidades. Además, el proyecto propone un papel más activo para las personas denunciantes, quienes deberán cumplir con requisitos específicos para facilitar la investigación.
Un aspecto innovador de la reforma es la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios, siempre bajo la autorización de un juez o jueza de garantía, quien verificará la pertinencia y legalidad de dicha información.
Reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial
Otra de las propuestas clave es la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, el principal órgano disciplinario del Poder Judicial. Esta reforma permitirá que una nueva estructura orgánica asuma las competencias que actualmente recaen en el Consejo Superior y Corte Plena, con el objetivo de especializar la tramitación de casos disciplinarios y optimizar el uso de los recursos existentes.
Sanciones Más Severas y Procedimientos Restaurativos
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que, en casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un período de 10 años, y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección. Además, se incorporan parámetros claros del debido proceso, así como un enfoque restaurativo, que ofrece mecanismos alternativos de resolución de conflictos junto con los tradicionales procedimientos sancionatorios.
Compromiso con la Transparencia y la Justicia
El magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que el proyecto ratifica el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la mejora continua de sus procesos, buscando una justicia más célere y eficiente. «Este es uno más de los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para responder al contexto actual, que demanda una justicia más eficiente y de calidad. Estamos corrigiendo y mejorando, no descansaremos en nuestro objetivo de brindar un servicio de administración de justicia de calidad», subrayó.
Impulso a la Fortaleza Democrática
El proyecto de ley se presenta como una reforma integral y moderna, diseñada para enfrentar los desafíos en materia disciplinaria y para combatir la corrupción de manera decidida. Según el magistrado Leiva Poveda, esta iniciativa responde a las demandas de la sociedad costarricense y dotará al Poder Judicial de las herramientas eficaces para seguir trabajando en la construcción de una institución más sólida y confiable.
Este paso marca un avance importante en la consolidación de un Poder Judicial que se adapta a las necesidades de la sociedad y enfrenta con determinación los retos de la corrupción y la eficiencia judicial.
