Redacción- La Inspección Judicial inició un proceso disciplinario por un aparente error en la resolución que llevó a la anulación de la declaratoria de crimen organizado en el caso conocido como Diamante.

La causa fue abierta de oficio y actualmente se tramita en la etapa de investigación preliminar bajo el expediente 25-000500-031-DI, según confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso, que aún no tiene personas individualizadas como investigadas, se deriva de la decisión tomada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que declaró ilegal e ineficaz la resolución del Juzgado Penal que había aceptado tramitar el caso bajo la modalidad de delincuencia organizada.

Esto ocurrió tras la apelación de los abogados de los imputados, quienes argumentaron que el tribunal de primera instancia había utilizado un formato estándar inapropiado en la resolución.

El error de procedimiento se detectó cuando en la declaratoria de crimen organizado quedaron mencionados delitos ajenos al caso, como homicidio y aborto, que no estaban relacionados con el expediente 20-009616-0042-PE.

Además, se constató que el Juzgado Penal de Hacienda emitió dos resoluciones similares a la 1:30 p.m. del 28 de diciembre de 2020.

La autorización para tratar el caso Diamante bajo el proceso especial de delincuencia organizada permitió el uso de figuras procesales especiales, como las intervenciones telefónicas, para investigar un presunto esquema de sobornos en obras públicas municipales.

Sin embargo, la anulación de la resolución ha puesto en riesgo la validez de toda la evidencia obtenida a través de dichas intervenciones, lo que, según los abogados Juan Marcos Rivero y Francisco Dall’Anese, debilita significativamente la investigación.

El Caso Diamante involucra a varios políticos y empresarios. Entre los sospechosos figuran los alcaldes Mario Redondo (Cartago), Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa), además de los empresarios Carlos Cerdas (de la constructora MECO) y Daniel Cruz (de Explotec y Multiservicios MTS).

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