Redacción- La Corte Plena, compuesta por las 22 magistraturas, acordó, de manera unánime, solicitar al Ministerio de Hacienda el giro inmediato de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Nacional 2025 para el Organismo de Investigación Judicial.
El ataque ocurrido el pasado viernes en contra del subjefe del OIJ de Guápiles, Geiner Zamora, resalta la importancia de girar estos recursos para fortalecer el Poder Judicial.
De acuerdo con la Corte Plena, este atentado ha puesto de relieve los altos riesgos que enfrentan los servidores judiciales en el ejercicio de su labor, así como la urgente necesidad de dotarlos de recursos adecuados para garantizar su seguridad y eficacia.
Con este presupuesto, se generarían 238 plazas en el OIJ y el Ministerio Público, lo que representaría como una medida crucial para hacer frente a los crecientes desafíos en materia de seguridad en el país.
En este contexto, el director del OIJ, Randall Zúñiga, presentó un informe detallado sobre la situación actual del organismo y la necesidad urgente de aumentar el número de funcionarios para atender la demanda de seguridad y justicia que enfrenta Costa Rica. En respuesta a este informe, la Corte Plena autorizó al presidente de la Corte Suprema de Justicia a realizar todas las gestiones necesarias para asegurar que los recursos aprobados sean asignados de manera oportuna y efectiva.
El magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, subrayó el compromiso de la Corte con la seguridad y la justicia en Costa Rica:
“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la justicia, convencidos de que el trabajo conjunto permitirá fortalecer la respuesta institucional ante los desafíos actuales. Estamos trabajando de la mano del funcionariado, al lado de la gente… estamos respondiendo al país. No descansaremos en nuestra tarea de construir justicia y defender la democracia”, concluyó Aguirre.
La Corte también hizo un llamado a la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) para que intensifique los esfuerzos en la elaboración de reformas normativas que permitan agilizar los procesos penales. Estas reformas tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema judicial y reducir la impunidad, un tema que ya se encuentra en proceso de desarrollo.
Además, se instruyó al Consejo Superior y a la Dirección Ejecutiva a priorizar, con carácter urgente, los recursos destinados a un plan de seguridad para la zona Atlántica del país, una región que ha experimentado un aumento en la criminalidad.
