Redacción- A partir de este miércoles, entra en vigor una nueva normativa emitida por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, a través de la circular DGAS 01-03-25, que prohíbe a las personas privadas de libertad poseer y usar dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios del país.
La medida tiene como objetivo combatir el narcotráfico, la extorsión entre reclusos y otros negocios ilícitos que se desarrollan dentro de las cárceles. Además, busca establecer un sistema financiero más transparente y legal, asegurando el control de los pagos y promoviendo una trazabilidad efectiva de los recursos.
En cuanto a la implementación de esta medida, las personas privadas de libertad deberán entregar el dinero en efectivo que posean a sus familiares o personas de confianza en un plazo de cinco días hábiles. Cualquier dinero que no sea entregado será decomisado por las autoridades carcelarias.
El Ministerio de Justicia y Paz también informó que actualmente se están llevando a cabo reuniones con entidades bancarias estatales para desarrollar un sistema que permita a los reclusos acceder a cuentas bancarias dentro del marco legal, lo que permitirá a las personas privadas de libertad realizar operaciones financieras sin el uso de efectivo, garantizando un control adecuado y evitando la circulación de dinero de manera ilegal.
Este esfuerzo forma parte de un conjunto más amplio de medidas para fortalecer la seguridad dentro de los centros penitenciarios, procurando un mejor manejo de la administración carcelaria, a la vez que se lucha contra los delitos que proliferan en el ámbito interno de las cárceles.