Redacción- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha emitido un informe sobre la situación de las personas migrantes de nacionalidad venezolana que se encuentran temporalmente en el Centro de Atención para Personas Migrantes (CATEM) en la frontera sur del país.
Estas personas han manifestado diversas preocupaciones relacionadas con su trato y condiciones de vida en el centro, muchas de las cuales deberán ser evaluadas por las autoridades costarricenses.
Un grupo de migrantes expresó que, en comparación con los beneficiarios del programa de «repatriación o retorno asistido», perciben un trato diferenciado y discriminatorio.
Según informó la Defensoría, aseguran que fueron desalojados de los cuartos donde se encontraban y fueron reubicados en un espacio común donde duermen mezclados con otras familias y personas solas.
Además, señalaron que las camas-catres no cuentan con colchonetas, lo que ha dificultado su descanso y, en algunos casos, les ha causado problemas de salud como alergias en la piel debido al material de los catres y al intenso calor en la zona.
A pesar de estos inconvenientes, los migrantes afirmaron que están recibiendo atención médica y alimentos de buena calidad. Sin embargo, el agua potable disponible en el CATEM-sur ha generado preocupación entre los migrantes debido a su fuerte sabor a cloro, lo que ha ocasionado problemas estomacales y diarreas en algunos de ellos.
La Defensoría gestionó esta queja ante el Ministerio de Salud, que verificó que el agua cumple con los parámetros de calidad establecidos.
Un aspecto relevante que también se destacó en las entrevistas es la presión económica que enfrentan los migrantes. Algunos mencionaron que los oficiales migratorios les preguntan a diario si ya cuentan con dinero suficiente para continuar su viaje hacia Panamá, lo que les genera temor de ser obligados a salir del CATEM sin los medios para seguir su trayecto.
Además, señalaron que no cuentan con los recursos necesarios para comprar con regularidad tarjetas de teléfono para comunicarse con sus familiares y que están utilizando los ahorros destinados a su regreso para cubrir estos gastos.
A pesar de las dificultades, los migrantes resaltaron que el trato por parte de los oficiales migratorios ha sido respetuoso y que se sienten seguros en el CATEM-sur, que mantiene condiciones óptimas de higiene en duchas y otros servicios comunes.
Algunos de los migrantes también expresaron su deseo de trabajar, incluso de manera informal, para reunir el dinero necesario para continuar su viaje hacia Panamá. La mayoría de ellos manifestó su intención de regresar a Venezuela, aunque algunos también tenían planes de continuar hacia Colombia y Perú, donde ya contaban con autorización de permanencia y permiso para trabajar.
Una de las mayores barreras que enfrentan, según las declaraciones, es la falta de recursos económicos para pagar el costo del transporte hacia Panamá, que asciende a $60 por persona. La incertidumbre sobre el procedimiento que el Estado costarricense seguirá en caso de que no puedan costear este gasto ha generado preocupación entre los migrantes.
La Defensoría de los Habitantes continuará con su trabajo de acompañamiento y evaluación de la situación de estas personas migrantes en el CATEM, con el fin de garantizar que se respeten sus derechos y se brinden las soluciones adecuadas a sus necesidades.
