Redacción- A raíz de los últimos casos de violación y muerte que han indignado a Perú, el congresista independiente Roberto Vieira presentó una moción en la que pide retirar al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues esta no contempla aplicar la pena de muerte.
«No podemos gastar dinero en mantener a estas personas en prisión, es mejor que, con ese dinero, compremos balas para fusilarlos», expresó.
En esta misma línea, la parlamentaria fujimorista Lourdes Alcorta respaldó la medida, indicando que la presencia del Perú como parte del Pacto de San José solo ha servido para liberar a terroristas.
Sin embargo, congresistas de otras bancadas se mostraron en contra de la propuesta de Vieira, asegurando que el camino para evitar más casos de violación iría por la presentación de proyectos de ley.
«La pena de muerte es la consecuencia de que algo falló. Creo que en el país hace falta una política clara sobre prevención respecto a las familias, salud mental, entre otros», expresó la legisladora de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza.
Por su parte la legisladora de Nuevo Perú Indira Huilca rechazó el pedido, señalando que otros serían los intereses por los casos que revisa la Corte en este contexto.
Finalmente, Roberto Vieira espera el apoyo de las fuerzas políticas a fin de que su pedido sea elevado al pleno, previo acuerdo a la Junta de Portavoces.
¿Si un Estado se retira de la Corte IDH deja de ser parte de la CIDH?
El retiro de un país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no implica la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que esta última no fue creada por la Corte, sino que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Antecedentes
En 1999 Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así decidió retirarse de la Corte, con sede en San José (Costa Rica), luego que ese organismo le ordenara abolir la pena de muerte por considerarla violatoria del derecho a la vida, instrucción que el Gobierno de Puerto España rechazó acatar por considerar que dicha sanción es una pieza fundamental de su sistema de justicia penal.
