Redacción – La Asociación Enlaces Nicaragüenses y varias de organizaciones de la sociedad civil, aglomeradas en la Red Nacional de Migraciones (Rednam), marcharán este jueves 12 de abril para rechazar la multa de $100 anunciada por Migración y Extranjería para aplicarse de forma retroactiva al 2010 a todas las personas migrantes cuya visa o estadía esté vencida. Las organizaciones señalan que la medida afectará a los trabajadores y trabajadoras migrantes y que traería afectaciones directas a la economía costarricense.
La marcha iniciará a las 10 a.m. frente a la Asamblea Legislativa y culminará a las 11 a.m. en Casa Presidencial donde solicitarán al Presidente Luis Guillermo Solís anular el decreto o firmar una prórroga, así como revisar y considerar el alto cobro.
El martes 19 de febrero la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, anunció que a partir del 20 de abril de 2018 entrará en vigor la sanción.
Este cobro está estipulado en el Artículo 33, inciso 3 de la Ley de Migración e indica que “…La persona extranjera tendrá la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular…”
La multa (o sanción de tiempo) abarca a las personas extranjeras que posean una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que en el momento de salir del país, tengan vencido su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX).
La Asociación Enlaces Nicaragüenses y organizaciones afiliadas a la Rednam, califican la multa de onerosa e impagable para miles de trabajadoras y trabajadores migrantes, debido a que la sanción es retroactiva al 2010, año en que empezó a regir la ley. Aseguran que es prácticamente imposible pagar la multa si se toma en cuenta que este sector de trabajadores es el que devenga los más bajos salarios. Una trabajadora doméstica, por ejemplo, gana 187,000 colones mensuales.
