Proyecto busca formalizar la actividad y así beneficiar a los pequeños mineros
Redacción- El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala (MAPE), con el fin de brindar una solución integral y beneficiar a quienes ejercen esa actividad en Abangares.
Ante la realidad del cantón de Abangares, donde la principal fuente de ingreso proviene de la extracción artesanal del oro, se ideó en conjunto con sus comunidades y con el apoyo de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (UNCADA), un plan para la formalización de esta actividad.
Trabajaron en la construcción conjunta de alternativas, entre ellas la necesidad de contar con una legislación que permita una extracción segura para la salud humana y el ambiente y que permita a los mineros artesanales contar con los permisos requeridos.
Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía señaló que “este proyecto de Ley permite brindar una solución integral a la informalidad de la minería artesanal en Costa Rica que ha estado pendiente por muchos años. Integra a la institucionalidad competente en la materia, de forma tal que delimita un proceso ordenado y coordinado para la obtención de los permisos requeridos para operar, considerando aspectos de salud humana, impacto ambiental y recurso natural explotado, así como su comercialización, exportación y trazabilidad.”
Con este proyecto de ley se garantiza un abordaje integral que permite contemplar todo el ciclo del proceso, desde la exploración o explotación, hasta la comercialización y/o exportación.
El ciclo incluye una ruta clara para fortalecer la legitimidad de la MAPE, la cual ha operado informalmente por más de treinta años, y asegurar que cumpla con los requerimientos mínimos contenidos en convenciones internacionales.
Con este proyecto principalmente se reduce los impactos sociales y ambientales, brindando una opción de formalización de una actividad económica existente, detalló Ulises Álvarez Acosta, Director General de SETENA.
Explicó, además, que en cuanto a la viabilidad ambiental requerida para operar, se establece una evaluación para actividades nuevas considerando que la extracción es artesanal, con lo cual los requisitos son hechos a la medida de la actividad; y para las ya existentes, permite formalizarse mediante un instrumento de gestión ambiental minero correctivo.
