San José – El país tiene hasta el 15 de julio de este año para implementar las mejoras en normativa y eficacia de normas para evitar la evasión fiscal, sugeridas por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI).
De lo contrario, el país perdería la cooperación económica internacional y otros beneficios que podrían complicar el desarrollo económico nacional.
Bajo esa premisa, los diputados integrantes de la Comisión Especial Mossack Fonseca – Panama Papers, analizaron este lunes el riesgo latente que tiene el país si no corrige la ley y llena los vacíos que eventualmente promueven la evasión fiscal.
Durante la reunión, Román Chavarría, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, expresó que se debe crear un registro electrónico de accionistas y con ello también concuerdan la mayoría de los legisladores de la comisión.
«Se iniciaría con la implementación de un sistema electrónico en el cual el representante legal de cada sociedad estará obligado a ofrecer una declaración jurada indicando quienes son los accionistas y su cuota accionaria dentro de cada organización”, explicó Marcela Guerrero, diputada del PAC.
No solo se perdería la cooperación económica, el país podría ver complicado su proceso de incorporación a la OCDE, y ser considerado como una jurisdicción no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
