- La práctica del teletrabajo ha crecido en el país durante los últimos años.
Redacción – La realización de teletrabajo fuera de territorio nacional es el tema que aborda una iniciativa presentada por el diputado Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Este congresista busca darle seguridad jurídica a la práctica del teletrabajo fuera de país, debido a que actualmente la ley que regula esta práctica no detalla esta situación.
Por lo que el representante de la provincia de Cartago presentó ante la corriente legislativa una propuesta que se encuentra dentro del expediente 22.528 que se titula «Ley para detallar explícitamente el teletrabajo en el extranjero evitando interpretaciones subjetivas».
Ajuste con el que se le brindaría seguridad jurídica tanto a los patronos como a los empleados que realizan sus funciones de manera remota.
«De acuerdo a consultas realizadas al Ministerio de Trabajo, no se tenía claro en la legislación actual, los alcances del teletrabajo, por lo que se pretende detallar la aplicación del teletrabajo en el ámbito internacional con el fin de que tanto los trabajadores o funcionarios puedan tener mayor seguridad jurídica en el momento en el que tanto ellos soliciten realizar teletrabajo fuera del país, o bien el empleador por las funciones del cargo le solicite al empleado realizarlas en el extranjero», apunta Pacheco.
La práctica del teletrabajo en el país ha ha incrementado de forma significativa en los últimos años, en gran medida por la crisis sanitaria que afrontó el mundo por el virus del Covid-19.
El proyecto incluye tanto a empleados privados como funcionarios públicos, y la modalidad sería aplicable siempre y cuando haya acuerdo anticipado entre ambas partes.
Además, el proyecto también deja en claro que el trabajador que decida optar por este beneficio deberá proveer los instrumentos tecnológicos, equipo, programas correspondientes, así como los seguros de riesgo de trabajo y todo lo requerido para el debido ejercicio de su teletrabajo en el extranjero.
Mientras que si es la empresa o la institución pública la que tome la decisión, ésta deberá asumir todas las obligaciones.
