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Redacción- Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios tras las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que devastaron el país en julio, según reportes de medios surcoreanos. Las inundaciones, causadas por lluvias intensas, resultaron en la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y desplazaron a más de 15.000 residentes.

La cadena surcoreana TV Chosun informó que los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en sus funciones, que presuntamente contribuyeron a la magnitud del desastre. “Se ha determinado que entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado”, declaró un oficial del régimen al medio surcoreano.

El desastre afectó principalmente a la provincia de Chagang y a la región fronteriza con China, en la cuenca del río Yalu. La región de Sinuiju y Uiju sufrió daños significativos, con más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas sumergidas. Según Daily NK, las inundaciones causaron la muerte y el desplazamiento de más de 5.000 residentes.

Después del desastre, Kim Jong-un llevó a cabo una sesión de emergencia con Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y con el Ministro de Seguridad Pública, a quienes removió de sus cargos. Un ex diplomático norcoreano, Lee Il-gyu, señaló que los funcionarios estaban tan “ansiosos que no sabían cuándo caerían sus cabezas”.

Kim Jong-un también rechazó la ayuda internacional y ordenó que aproximadamente 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital, Pyongyang, para su recuperación. Estimó que la reconstrucción de las áreas afectadas tomaría de dos a tres meses, según la agencia de noticias AP. Además, desestimó los informes de medios surcoreanos sobre la magnitud de las muertes y el impacto del desastre.

Las ejecuciones públicas no son una novedad en Corea del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales. Según Korea Times, este número ha aumentado a cerca de 100 en los últimos años. También ha habido un aumento en las ejecuciones de jóvenes, en un aparente esfuerzo del régimen por reducir la influencia surcoreana. Sin embargo, Corea del Norte afirma que las ejecuciones públicas son raras y que la pena de muerte se aplica solo en casos excepcionales.