Redacción– Los allanamientos realizados este lunes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no afectaron los servicios médicos.

Así lo confirmó la Gerencia Médica esta tarde, destacando que la atención médica continúa de manera habitual, a pesar de las diligencias.

El gerente médico, Alexander Sánchez, instó a la población a asistir a sus citas programadas en los diferentes centros de salud, destacando que tanto hospitales como Ebais están operando con normalidad.

Por su parte, la gerente administrativa de la CCSS, Gabriela Artavia, aseguró que la institución mantiene su estructura funcional, lo que permite la continuidad en la prestación de servicios mientras se llevan a cabo las diligencias judiciales pertinentes.

La CCSS se comprometió a brindar información oportuna sobre la evolución de la situación y los posibles efectos en la atención a la población.

Como parte de estos allanamientos, las autoridades detuvieron a ocho funcionarios exfuncionarios de la Junta Directiva de la Caja, entre ellos la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.

La razón de los allanamientos se debe a aparentes sobreprecios por ₡12,400 millones en la adjudicación de 138 Ebais.

Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.

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