Redacción- El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) enfrenta una crisis financiera que podría afectar gravemente el monitoreo de amenazas naturales en el país. La aprobación de un nuevo proyecto de ley busca asegurar el financiamiento necesario. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) se encuentra al borde de un colapso en su capacidad operativa debido a la falta de presupuesto. La suspensión de los fondos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias desde 2023 ha dejado al Ovsicori sin los recursos necesarios para mantener y expandir las redes de monitoreo sísmico y volcánico del país. Esta situación es consecuencia de la caducidad del Transitorio I de la Ley N.8488, que hasta ese momento garantizaba la asignación de recursos para la instrumentación necesaria para el monitoreo geodinámico y meteorológico. Esteban Chaves, director del Ovsicori-UNA, explicó que los recursos proporcionados por el Transitorio de la Ley N.8488 no se destinaban a contratación de personal ni a la participación de funcionarios en eventos científicos, sino únicamente a la expansión y mantenimiento de las redes de monitoreo. La finalización de este transitorio ha dejado al observatorio sin un mecanismo de financiamiento estable. Si la situación no se resuelve, se corre el riesgo de que se interrumpan las labores de monitoreo y estudio de las amenazas naturales, lo que afectaría la respuesta ante emergencias y la coordinación con otras instituciones gubernamentales. A lo largo de los años, el Ovsicori-UNA ha jugado un papel fundamental en la seguridad del país. Entre los logros más destacados se encuentran la vigilancia de la actividad del volcán Turrialba durante la segunda mitad de la década de 2010 y la anticipación del terremoto de Nicoya en 2012. Además, el Ovsicori fue clave en la toma de decisiones ante la erupción del volcán Poás, alertando al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y permitiendo el cierre del parque nacional 18 horas antes de la erupción. En 2024, el observatorio también anticipó exitosamente la actividad volcánica en el Poás, alertando con cuatro meses de antelación. El sistema de alerta temprana de sismos desarrollado por el Ovsicori ha sido otro de sus logros más importantes. Este sistema permite a los usuarios de teléfonos Android™ o iOS™ recibir alertas sobre terremotos inminentes con 30 segundos de antelación, lo que permite una mayor preparación ante sismos. Sin embargo, Chaves resaltó que para completar la red de instrumentación geodinámica y asegurar una cobertura adecuada en todo el territorio nacional, aún es necesario adquirir más equipos y construir nuevos sitios de monitoreo. Esto permitiría una vigilancia en tiempo real de los volcanes activos del país, como el Rincón de la Vieja, Poás, Irazú y Turrialba, así como estaciones sísmicas, geodésicas, analizadores de gases volcánicos y cámaras web. Una solución a la vista Ante el inminente peligro de un colapso en las capacidades de monitoreo, el Ovsicori-UNA ha recurrido a la Asamblea Legislativa para buscar una solución. Con el acompañamiento de la diputada Rosaura Méndez Gamboa, representante del Partido Liberación Nacional (PLN) por Cartago, se presentó en diciembre de 2024 un proyecto de ley para garantizar un financiamiento permanente al observatorio. Este proyecto, bajo el expediente 24.738, propone un aporte del 0.60% de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país, lo que representaría alrededor de ¢2.000 millones anuales. De esta cantidad, un 35% (aproximadamente ¢600 millones) se destinaría específicamente al Ovsicori-UNA para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos. El pasado 18 de febrero de 2025, el proyecto de ley ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, lo que da esperanza a las autoridades del Ovsicori de contar con los recursos necesarios para continuar con sus labores de monitoreo y prevención de desastres naturales en el país. En caso de existir algún remanente, los fondos adicionales serían destinados a fortalecer la investigación y el equipamiento en áreas relacionadas con amenazas sísmicas y volcánicas. Si el proyecto de ley es aprobado, se garantizaría una fuente estable de financiamiento que aseguraría la continuidad del monitoreo y la protección de la población ante posibles emergencias.
