Redacción- Diputados de varias fracciones legislativas, liderados por el frenteamplista José Francisco Camacho, solicitaron en un carta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, intervenir el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y adoptar las medidas correctivas para corregir la situación que atraviesa.
La petición obedece a una serie de cuestionamientos que incluyen mantener de forma interina por tres años, en el puesto de Director Ejecutivo, a Ronald Fonseca Vargas, mientras que el Gobierno no ha logrado un acuerdo político con los representantes cooperativos para designar a un director titular, aún cuando la gestión de Fonseca ha sido ampliamente cuestionada.
A esto se suman los resultados de una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la que se detectan graves deficiencias en el otorgamiento de créditos por parte del instituto.
Además de vacíos en los procesos para conceder y supervisar financiamiento a las cooperativas y errores matemáticos en la fórmula que se emplea para calcular la tasa de equilibrio mediante la que valora si un crédito es rentable o subsidiado.
Esta situación habría ocasionado pérdidas superiores a los 20 mil millones de colones en los últimos cinco años, señala la misiva.
De la misma forma, en abril del 2016, un grupo de funcionarios de la institución emitió un comunicado anónimo en el que denunció la existencia de “corrupción sistemática” dentro de la organización.
En dicho documento se expusieron severas anomalías que incluían un débil control en las participaciones asociativas del Infocoop, contratación administrativa amañada, pérdidas financieras, entre otras.
“Dada esta disyuntiva y en el marco de los grandes riesgos que atraviesa la organización, es evidente que dentro de tal contexto el Gobierno debería hacer valer su autoridad y normalizar dicha situación a la luz de la preservación del bien público y de la salud administrativa del instituto”, asegura la carta.
Los legisladores añaden en la carta que una intervención debería tener un doble objetivo: ordenar la gestión financiera y administrativa y generar las condiciones óptimas para combatir la impunidad.
