San José- De 2012 a la fecha, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pagó más de un millón de dólares en indemnizaciones por demandas perdidas.
Según la Aresep, el monto total equivale a solo 16 demandas que el ente regulador perdió por concepto de apelaciones o impugnaciones acerca de las decisiones que tomó en su momento.
Dichas decisiones, estaban vinculadas con el tema de ajuste tarifario, pues dicha instancia es la encargada de fijar los montos en relación con aumentos, rebajas o bien, regulación en los rubros que se cobran en transporte u otras instancias.
La Aresep, por ley, es el ente encargado de regular la tarifas, entre otros, de autobús, taxi, combustible, electricidad y agua.
Carolina Mora, vocera de la institución, comentó que el monto que se ha pagado, es relativamente bajo si se compara, que esas 16 denuncias, representan únicamente el cuatro por ciento del total de las demandas recibidas por la institución.
Mora aseveró que en cinco año, la institución recibió 370 demandas.
Regulador muestra oposición en tema de las denuncias.
Tras la consulta de este medio a la Aresep, la oficina de prensa de la institución envío vía correo una posición del regulador general, Roberto Jiménez.
En la nota, el encargado de la institución se mostró reacio al tema de las demandas, pues aseveró que muchas veces, aspectos técnicos son definidos por orden de un juez, sin ningún criterio especializado en materia tarifaria.
Según Jiménez, la judialización de estos temas, acarrea un gran problema pues otras autoridades terminan decidiendo aspectos técnicos que tienen un alto impacto en el quehacer institucional y con ello a nivel tarifario.
Para el regulador, el país debería de apostar por un modelo de fijación más transparente y en cual, los actores involucrados entiendan la necesidad de respetar los criterios que emita el ente regulador.
De igual forma, Jiménez considera importante fortalecer todos los procesos de discusión y análisis de metodologías tarifarias.
AMPrensa.com intentó conocer la posición de algunos diputados sobre este tema y acerca de la viabilidad de impulsar lo que propone el regulador general, sin embargo, tras llamar a varios legisladores, no se obtuvo respuesta.
