San José – El proyecto contra el fraude fiscal que tanto le urge aprobar al gobierno en la Asamblea Legislativa recibe un avance lento en la Comisión de Hacendarios.
El principal obstáculo que impide que los diputados dictaminen el proyecto es la creación de un registro de accionistas de las empresas que estén registradas como contribuyentes, pues se tiene la idea de que esa lista podría utilizarse con otros fines.
Ante esto, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propuso en la comisión el que el acceso ese registro sea autorizado por un juez de la República.
La propuesta incluye la figura del juez y define los datos que deben presentar las empresas al Banco Central de Costa Rica (BCCR), ente que fortalecerá su rol, ya no que no solo resguardará la información, sino que además es quien establecerá las reglas y medidas de seguridad que se deben cumplir.
Es la Dirección General de Tributación Directa (DGTD) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) quien hará la solicitud de la información. El juez establecerá los límites concretos de la información que se autoriza a acceder, el destino de ésta y las obligaciones de quien acceda a ella. Para mayor seguridad de las empresas, el BCCR deberá utilizar protocolos y estándares internacionales para el manejo de datos, entre los cuales debe garantizar la trazabilidad, que permite identificar quienes accedieron a la información.
“La Unidad siempre ha estado a favor del proyecto pero necesitamos darle seguridad jurídica a las empresas. El registro de accionistas no puede estar sujeto a abusos arbitrarios de cualquier funcionario, tiene que existir una investigación con elementos suficientes para que un juez dé la autorización”, explicó la diputada Rosibel Ramos, Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y diputada del PUSC.
El juez establecerá con precisión los límites concretos de la información que se autoriza a acceder, el destino de aquella y los deberes de custodiarla.
