Redacción – El respeto de los derechos humanos de los privados de libertad y el hacinamiento carcelario siguen siendo la excusa del Ministerio de Justicia para la liberación de reos e incluso otras entidades.
Y es que la Iglesia Católica también hizo eco de esa posición, asegurando que la sobrepoblación y la crisis que vive el sistema penitenciario costarricense, supone presión sobre los servicios de los mismos y que dificulta garantizar los derechos de los privados de libertad.
Ante la notificación con fecha del 17 de marzo, en la que el juez Mario Rodríguez Arguedas del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela dictamina que en el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez ya no se pueden ingresar más personas y exige la liberación de 380 reos para no exceder el 20% de sobrepoblación, asegura que se procedió de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.
Por otro lado achaca la responsabilidad de la presente situación que vive el sistema penitenciario a fenómenos que han cambiado sustancialmente el mundo del delito y de su penalización, no así, la normativa jurídica y la respuesta del conjunto de instituciones del Estado competentes en esta materia no han avanzado al mismo ritmo que esos cambios.
Con el aumento de la represión criminal, también responsabilizan a las nuevas leyes que aumentan los delitos, además de la creación de tribunales de flagrancia, que permiten que en pocas horas se encarcele a infractores de la ley, se aumentó el tiempo de las penas, todo esto incrementando la tasa de encarcelamiento.
