San José – El gobierno cedió ante las peticiones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sobre el proyecto de fraude fiscal que establecería un registro de accionistas.
En un inicio el proyecto se trabó en la corriente legislativa precisamente por un registro de accionistas. El PUSC afirmaba que ello pondría en riesgo el principio de confidencialidad de los empresarios.
No obstante, este martes firmaron un acuerdo con Zapote y ahora el proyecto avanzará en el Congreso. El acuerdo establece garantías para la ciudadanía de que la información solo se usará con propósitos legítimos y será confidencial (un nuevo artículo garantiza el derecho a veracidad de la información, a solicitar detalles sobre si una persona aparece como accionista, y a exigir corrección cuando sea errónea).
Además, se otorga el derecho a recurrir a Juez en caso de que se irrespeten las garantías (Juez de garantía) y una regulación de requisitos que deben cumplir las solicitudes de información planteadas ante el registro de accionistas.
De igual forma, el proyecto otorga un fortalecimiento del papel del Banco Central para garantizar la confidencialidad de la información y exigencia de estándares internacionalmente aceptados y se imponen sanciones para funcionarios de Hacienda, el Banco Central o ICD, que violen las reglas para el uso de la información.
«De esta forma se ha logrado garantizar que las autoridades tengan una herramienta que necesitan para luchar contra la evasión fiscal y el lavado, a la vez que se brinda seguridad a los ciudadanos que la información no se usará inadecuadamente y de que cuentan con derechos específicos y la capacidad de recurrir a un Juez para protegerlos, mediante los principios fundamentales antes indicados», indicó Gerardo Vargas, Jefe de Fracción del PUSC.
La reforma fiscal continúa siendo el tema principal del gobierno y ello lo obliga a establecer puentes con las fracciones legislativas.
