Redacción – El Ministerio de Justicia y Paz por medio de su oficial mayor, Alejandro Redondo, aceptó este viernes en una entrevista brindada a AMPrensa.com, que la contratación para la empresa a la que se le asignará el proyecto de brazaletes para reos no cuenta con ninguna experiencia.
«Ninguna empresa pública ni privada en este país tiene experiencia», fue lo manifestado por Redondo vía telefónica este viernes.
Y es que estas empresas no sólo carecen de experiencia en el campo, sino que también deberán subcontratar una tercera empresa que será la encargada de la elaboración de los brazaletes.
Además, el funcionario señaló que en el país no existe ninguna empresa privada que pueda realizar el proyecto, sin embargo, en un cartel previo, en el que participaron tres empresas, una de ellas logró cumplir con los rigurosos requisitos que planteaba Justicia, entre ellos, contar con un licenciado en ciencias sociales con 10 años de experiencia y un abogado penal con 20 años de experiencia en temas carcelarios.
Según supo AMPrensa.com, de tres empresas que participaron, sólo una logró alcanzar un 80% del puntaje máximo en el concurso, para más tarde dar inicio con las negociaciones.
Durante la discusión de los términos del contrato, el Ministerio de Justicia manifestó en un momento que al tratarse de un presupuesto otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pueden realizar una propuesta abierta al precio de los brazaletes.
La empresa ganadora del concurso propuso que fueran $3 millones; sin embargo, tras las negociaciones Justicia comunicó pocos días después que se rebajó el presupuesto a la mitad, o sea, $1,5 millones.
Ante esto, de la noche a la mañana, tanto Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), son las únicas que concursan por adjudicarse el proyecto, pero con otro cartel que no contempla los requisitos previamente señalados.
Además, ante la consulta sobre como supervisarían a la tercera empresa que participará siendo subcontratada por la institución pública, Redondo manifestó que eso será responsabilidad de ellos, por lo que Justicia no podrá velar por el cumplimiento de toda la normativa.
