Redacción – En un año, los choferes que infringieron la Ley de Tránsito pagaron ¢50.9 millones por el acarreo de su vehículo a los predios de la Policía de Tránsito, tras cometer faltas que ameritaron el decomiso del automotor y también desembolsaron ¢99.6 millones por la custodia de estos vehículos.
El Cosevi, estos cobros son necesarios, pues la Administración Pública no solo debe custodiar el vehículo sino responder por eventuales daños que pudieran sufrir mientras se encuentra decomisado y para atender los gastos asociados a ese servicio.
Además, deben compensar los gastos derivados del transporte de los vehículos.
Estos dineros son utilizados por el Consejo para soportar el servicio de custodia de los automotores y los remantes para apoyar la labor de la Policía de Tránsito, así como las labores de la Dirección General de Educación Vial y de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.
Asimismo, el Cosevi argumenta que los fondos se destinan a labores como las campañas en materia de seguridad vial que realiza la institución.
