San José – Los diputados de la Asamblea Legislativa la emprendieron contra el gobierno de Luis Guillermo Solís por el decreto que declara secreto de Estado los informes diplomáticos de Brasil.
Y es que el decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, afirma que el gobierno mantendrá reserva en esos informes porque pueden comprometer las relaciones entre Brasil y el país.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, cuestionó fuertemente la legalidad del decreto y espera que con el recurso que interpuso ante la Sala Constitucional, se traiga abajo la declaratoria de secreto de Estado.
«No logro salir del asombro cuando veo que el gobierno sigue provocando un escándalo político con este tema. El 3 de octubre el canciller me contestó mi solicitud dándome 7 informes y negándome 12. Nunca en su respuesta mencionó que hubiera un decreto. Es procedente, pero están acudiendo a alternativas para desviar la atención de una obligación constitucional de entregar la información», cuestionó el legislador, quien fue el que pidió los informes al canciller durante la comparecencia el 29 de setiembre anterior.
Por su parte, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, cuestionó la transparencia con la que está actuando el gobierno, un punto fundamental con el que se comprometió Zapote desde el 2014.
«Me parece bastante extraño que se declare secreto de Estado. Estamos averiguando si el gobierno está extralimitándose. Contradice a una administración que se comprometió con la transparencia desde el 8 de mayo de 2014. Aquí nos damos cuenta que todo quedó en retórica», dijo Guevara.
El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, cuestionó la casa de cristal del gobierno de nuestro país.
«No sabemos los costaricenses dónde quedó la casa de cristal. Hay versiones tan diferentes, entre los ministros y el presidente, que uno se sorprende. ¿Qué estará ocultando el presidente, el gobierno? es lo que nos preguntamos, qué están ocultando en Casa Presidencial», cuestionó Vargas Rojas.
El diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado,dijo que el gobierno hizo ‘otra ocurrencia’ y que representa un acto político delicado.
«Una cachetada más al prestigio diplomático y político. Dado que el Gobierno improvisó y salió con una trastada como la de la ONU, es a la Asamblea a la que compete revisar sus alcances y determinar responsabilidades políticas. No me queda más que decir que el decreto hecho público hoy es la consumación de una nueva ocurrencia, esta vez épica», agregó Alvarado.
Por otra parte, el diputado oficialista de Acción Ciudadana, Ottón Solís, se declaró un diputado ignorante y no dio declaraciones sobre el caso.
«Yo no sé nada de Derecho Internacional, yo no sé por qué no buscan a alguien que sepa del tema. Soy una persona de la calle que no sé nada, soy un diputado pero ignorante», se limitó a decir Solís.
El gobierno aún no ha dado declaraciones sobre el decreto emitido desde el 3 de octubre.
