San José- La Fiscalía Adjunta de Probidad desestimó una causa en que se seguía en contra de la presidenta ejecutiva de Recope, Sara Salazar, por el subsidio de casi ¢11 colones que se paga en el precio de los combustibles para beneficiar con precios más baratos a 183 empresas consumidoras de gas, búnker y asfalto en el país.
En julio de este año, el Fiscal General, Jorge Chavarría, confirmó a AMPrensa.com que se buscaba despejar las dudas en torno a sí los jerarcas de Recope obviaron el artículo número seis de la ley orgánica de dicha institución que prohibe expresamente el otorgamiento de subsidios o subvenciones.
Durante el proceso de investigación, la Fiscalía anticorrupción también solicitó a Recope los datos para indagar quiénes fueron las personas giraron la orden del subsidio, asimismo, el nombre de las empresas que reciben el beneficio y el monto por cada una de ellas.
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En una respuesta enviada por la oficina de prensa de la Fiscalía, se informó que tras realizar un análisis de la prueba y el decreto ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez se determinó que no se trata de un subsidio sino una fórmula matemática.
Ante esta situación, se desestimó la causa.
«La Fiscalía analizó detalladamente tanto el decreto ejecutivo como la regulación de precios y se determinó que no existe un subsidio como tal, sino que es una metodología aritmética usada en la variación de precios que no contiene actuar delictivo alguno» se lee en el correo electrónico enviado por el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, la desestimación de la causa se solicitó ante el juzgado penal de Hacienda el pasado 26 de octubre.
Dicha causa se tramitaba bajo el expediente 16-000068-1218-PE.
Sobre el tema del subsidio, en la vía legal, aún falta por resolverse un recurso de amparo presentado por 40 diputados en contra de dicha política.
El recurso fue propuesto por el diputado Luis Vázquez del partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Hasta octubre de este año, el estado otorgó cerca de 15 mil millones de colones en beneficios económicos a 183 empresas, subvencionados por todos los consumidores de combustibles.
