Redacción- Los diputados de Comisión de Control de Ingreso y Gasto presentaron formalmente el proyecto de Ley para sancionar el uso de recursos públicos para limitar la libertad de expresión (exp. 20.266), elaborado por el presidente de este órgano, Mario Redondo.
La iniciativa es resultado de una investigación sobre uso de publicidad estatal con fines coercitivos, cuyo informe final se conocerá hoy en el seno de la comisión.
Lo anterior por que el pasado 11 de julio de 2016, el periódico La Nación denunció que el Banco Nacional había desatado una ofensiva para silenciar a la prensa e impedir la divulgación de información que pudiera ser considerada riesgosa para sus intereses.
A partir de entonces, el Banco Nacional comenzó a reducir su inversión en pauta publicitaria en La Nación e, incluso, en abril de 2016, empezó a explorar la posibilidad de demandar al rotativo por sus informaciones.
Un día después de la denuncia de La Nación, el Diario Extra publicó un editorial en el que revelaba que, tiempo atrás, el Banco de Costa Rica también había cancelado su pauta publicitaria tras verse expuesto en varias noticias que cuestionaban el nombramiento de su Gerente General y que mostraban algunas irregularidades en la entidad.
También, como un crédito aprobado para el hermano de la Presidente de su Junta Directiva, investigaciones de la Fiscalía por presuntas legitimaciones de capitales y el nombramiento del cuñado del Gerente en un puesto, entre otras.
Frente a esta situación, el Diputado Mario Redondo Poveda presentó, el 4 de agosto de 2016, una moción para que la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa se investigaran las denuncias planteadas por medios de comunicación nacional por el aparente condicionamiento de pauta publicitaria realizado por Bancos Estatales como represalia por reportajes o denuncias contra ellos.
A partir de la investigación que realizaron los legisladores de ese órgano parlamentario, fue posible comprobar que la pauta publicitaria del Banco Nacional y en el caso del Diario Extra, recibieron represalias económicas por parte de las dos instituciones públicas contra los medios por las informaciones divulgadas.
Quienes incurran en la falta señalada, además, serán sancionados con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años, contados a partir de la firmeza del acto final que determine su responsabilidad. En caso de tratarse de un funcionario de elección popular, el Tribunal Supremo de Elecciones procederá a cancelarle sus credenciales
