Redacción – El Comandante nicaragüense, Edén Pastora, quien es el encargado de las labores de dragado en el río San Juan, aseguró que el Gobierno de Costa Rica está empecinado en no dejar en paz a Nicaragua.
El comentario de Pastora se da luego de que Costa Rica entregara este lunes una memoria ante la Corte Internacional de Justicia, en la que reclama a Nicaragua 6,7 millones de dólares por los daños ambientales que este país provocó en Isla Portillos.
Entre los calificativos del comandante a medios nicaragüenses, señaló que las reclamaciones son exageradas e injustificadas.
«Por lo visto Costa Rica no nos va a dejar en paz nunca. Mintiendo, mintiendo y mintiendo. Dicen que nosotros los nicaragüenses abrimos caños», dijo Pastora.
El Embajador de Costa Rica ante Países Bajos, y Co-Agente en los casos, Sergio Ugalde, explicó que la Corte había fijado el 3 de abril de 2017 como fecha para que Costa Rica presentara su Memoria y que Nicaragua deberá presentar su Contra-Memoria el 2 de junio de 2017.
“Con la presentación de los alegatos escritos, Costa Rica cumple en tiempo y forma lo solicitado por la Corte Internacional de Justicia. Se trata de un trabajo sumamente serio y riguroso, que muestra que Costa Rica ha hecho bien su tarea al respaldar y documentar adecuadamente los daños materiales que sufrió como consecuencia de la ocupación militar de Nicaragua al territorio de Isla Portillos, incluyendo los daños ambientales que se le causaron a la zona. Corresponde ahora esperar a que Nicaragua presente sus alegatos escritos y que la Corte eventualmente tome una decisión al respecto”, expresó el Canciller Manuel A. González.
Los alegatos escritos de Costa Rica constan en dos tomos, que en total suman unas 890 páginas, incluyendo numerosos anexos que respaldan los gastos en los que incurrió el Estado costarricense producto de la ocupación militar nicaragüense.
Se incluye un estudio hecho por la Fundación Neotrópica, que asigna un valor económico al daño ambiental generado por Nicaragua en Isla Portillos, derivado de la excavación de caños artificiales para desviar el curso del río San Juan, y la tala de una considerable zona de bosque primario en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar.
El monto estimado del cobro a Nicaragua es de $6.7 millones de dólares.
