Redacción- Frente a los múltiples cuestionamientos y la poca transparencia y diligencia en los procesos de gestión que lleva adelante el MOPT- CONAVI y particularmente los que se realizan a través la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reitera su preocupación frente a la inoperancia de esas instituciones de gobierno.
Lo anterior para gestionar la obra pública, así como su insistencia en involucrar a esta oficina internacional, que viene a sumar burocracia y costos, pero además resta transparencia a los procesos.
“No es posible que nuestro país que cuenta con la calidad profesional y los recursos financieros disponibles, se dé el lujo de no ejecutar obra, por la ineficiencia de las instituciones llamadas a gestionar estas proyectos urgentes y postergar esa reingeniería interna que se requiere”, señala Jorge Arturo González, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Desde la Cámara de la Cámara Costarricense de la Construcción se considera que no se puede justificar el trabajo -de por sí atrasado ya- de UNOPS, con la argumentación de que las obras asignadas a estas oficina son proyectos de gran envergadura, cuando lo contratado para ejecutar son: supervisiones, diseños o construcción de puentes o pasos a desnivel, para cuya atención están más que calificadas los profesionales nacionales, quienes incluso destacan y dan cátedra en
ejecución de obras mayores en proyectos de infraestructura en Panamá y Colombia, entre otros países de la región.
En el tema de contratación y ejecución de obras, la Cámara reitera y desmiente una vez más el argumento de que los atrasos se deben a las apelaciones de las empresas, o por la acción de la Contraloría General de la República.
Lo cierto del caso es que los retrasos responden a una clara y ya demostrada incapacidad de planificación y gestión el MOPT-CONAVI.
Por lo anterior esta Cámara, una vez más hace un llamado al gobierno, y a la ciudadanía para que se reclame a los jerarcas a cargo tomar acciones urgentes y no posponer más las reformas de fondo que requiere el Estado para gestionar obra pública.
