San José – Los multimillonarios errores que debe indemnizar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) son cobrados a los costarricenses en cada una de las facturas de electricidad, telefonía y agua, así como también, en las tarifas del transporte público.
En los últimos tres años, la Aresep ha destinado 612 millones de colones para pagar indemnizaciones producto de resoluciones judiciales que la obligan a pagar por errores contra empresas privadas o personas físicas.
Para el 2018, esa entidad está presupuestando 2300 millones de colones para ese rubro, dinero que proviene directamente de lo que los costarricenses pagan en los servicios públicos.
Esas indemnizaciones son provocadas, exactamente, por resoluciones de la misma autoridad reguladora que son declaradas nulas o ilegales por tribunales judiciales. Por ello, entonces, el tribunal obliga a la entidad a pagar por los daños y perjuicios generados a la contraparte, así como los intereses.
Olman Bonilla, consultor y experto en transportes, explicó que todas las tarifas de los servicios contienen cánones, una especie de impuesto que va dirigido a la Aresep.
En esos cánones, la Aresep reparte todos sus gastos, incluyendo las indemnizaciones millonarias provocadas por errores y luego los distribuye en cada una de las tarifas que se cobran a los consumidores.
«Los juicios condenan a la institución a pagar por esos daños y los intereses. Ese dinero es asumido en la factura de cada servicios público consumido. Entonces, la Aresep tiene un presupuesto que sale de los cánones de los consumidores, o sea, en cada servicio público hay una parte que es para ese canon, es decir, para pagar esas indemnizaciones», mencionó Bonilla.
Según el experto, Aresep tiene un departamento en el que un funcionario calcula los cánones de todos los servicios y quien hace una estimación de los gastos, incluido ese rubro. Luego ese presupuesto es aprobado por la Contraloría General.
«Cuando un tribunal lo condena a pagar esos dineros, como 300 o 400 millones de casos que conozco, esa plata sale de los cánones que pagan los consumidores. Esos cánones son establecidos en el presupuesto de la Aresep que es aprobado por la Contraloría General», señaló el experto.
Para el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, ese presupuesto es parte de la falta de control que existiría en en esa institución.
«Esto es parte de la falta de control. ¿Quién regula a la reguladora? Nadie controla a la Aresep, nadie lo fiscaliza y se pueden dar estas situaciones irregulares», dijo el diputado.
Además, el frenteamplista exigió a la Aresep que aplique la Ley General de Administración Pública, para que castigue a los funcionarios responsables de esos errores.
«Para todo esto existe una solución en esa ley. Yo lo que quiero ver es al jerarca de Aresep trasladando todos los cobros administrativos a los funcionarios responsables de esos errores. Eso se puede hacer, la ley lo permite. La administración paga por un error, sí, pero luego tiene la obligación de buscar a lo interno y cobrarlo y hacer que pague», mencionó el legislador.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, dijo en una posición reciente que la entidad destina esa cantidad de dinero a solicitud de la Contraloría General de la República.
«La Contraloría General de la República ordenó a la ARESEP mantener una reserva presupuestaria en la partida de indemnizaciones, cada año, ante los procesos judiciales que se plantean. Ese es el monto de las pretensiones de los operadores que han acudido a la vía judicial a procesos de ejecución de sentencia», aseveró Mora el martes anterior sobre los 2300 millones de colones presupuestados para el 2018.
De igual manera, Mora dijo que ningún funcionario de esa institución ha sido amonestada por cometer los errores que posteriormente provocan el pago de esas millonarias indemnizaciones.
