Redacción – El diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, presentó una reforma constitucional donde busca la eliminar proyectos «chayotes» en la Asamblea Legislativa.
La idea del diputado es que deje de tramitar las autorizaciones para segregar, desafectaciones y donanciones de terrenos públicos que requieran ser traspasados a terceros, con la excepción de aquellos que son de «interés nacional» (Parques Nacionales, ríos y mares).
Según Servicios Parlamentarios del Congreso este tipo de proyectos alcanzan anualmente el 30% del flujo del trabajo legislativo.
De acuerdo con el planteamiento de Alvarado se fundamenta en dos argumentos, el primero los proyectos llamados «chayotes», ocupan mucho tiempo y trabajo en los diputados y asesores, provocando así una saturación en la agenda de la Comisión de Asuntos Municipales, foros y hasta en los mismos plenarios.
Además, el diputado fomenta que este proyecto termina siendo favores políticos comunales tramitados por medio de las fracciones municipales, los cuales los responsables de dar el visto bueno son el Consejo Municipal y no los diputados.
«La Comisión legislativa de Asuntos Municipales debe de modernizarse para dejar de asumir los compromisos y responsabilidades de otras autoridades nacionales o regionales, por lo que es urgente oxigenar la agenda legislativa con proyectos país y no con intereses locales», señaló Alvarado.
Cabe destacar que para el diputado es necesario mostrar la transparencia en cada una de esas decisiones municipales e institucionales, por lo que requiere que se cumplan dos pasos sencillos.
Uno de estos pasos son facultar con la Contraloría General, por medio de la auditoría interna de cada ente, pra que fiscalice los acuerdos tomados y la segunda enviar un registro ejecutivo de todas las donaciones de esta naturaleza que se hacen en el país, para que la Asamblea Legislativa levante un registro de información paraq que sea fiscalizado por los diputados y la ciudadanía general.
Por otro lado, la reforma constitucional ordena a la Asamblea crear una ley que materealice este cambio y se designa al Presidente del Congreso velar por el trámite de dicha ley tiene un plazo no mayor a los 18 meses.
