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Procuraduría emitió criterio donde señala ilegalidad de pluses
Redacción – El viceministro de Paz, Víctor Barrantes, aún no devuelve los ₡30 millones que recibió de forma ilegal por un incentivo por prohibición, a pesar del criterio de la Procuraduría General de la República que aclaró la irregularidad del plus.
Barrantes, quien es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, no está incorporado en el Colegio de Abogados, según confirmó esa entidad a este medio, por lo que no puede ejercer el Derecho en nuestro país. Ante esto, no podía recibir el incentivo, pues la ley así lo indica.
Pese a ello, el Ministerio de Justicia le pagó desde el 2014, un 65% de más por un incentivo salarial por prohibición (846 mil colones por mes) sin ni siquiera poder ejercer. Por ello, recibió 30 millones de colones, según reveló AMPrensa.com en marzo anterior.
El 7 de marzo anterior, Justicia informó que Barrantes solicitó la rebaja del incentivo del 65% al 40% mientras que la Procuraduría General de la República emitía un criterio sobre ese tema, en relación con el caso de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
La Procuraduría, el 19 de abril anterior, fue clara en que los jerarcas, si no están incorporadas al Colegio respectivo de la profesión liberal no pueden acceder al plus salarial. «Los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho no pueden ejercer liberalmente la abogacía, pues para ello es necesario que hayan obtenido el grado académico de licenciatura, y que sean miembros activos del Colegio de Abogados de Costa Rica”, manifestó Julio César Mesén, procurador de Hacienda en ese entonces.
No obstante, a pesar de que la Procuraduría ya emitió el criterio, el cual resultó con que la Presidencia de la República obligara a Zúñiga a devolver otros 30 millones por el incentivo ilegal, el Ministerio de Justicia aún no ha resuelto el caso de Barrantes, es decir, no ha devuelto el dinero que recibió de forma irregular.
«El proceso administrativo todavía se encuentra en la Dirección Jurídica del Ministerio. En cuanto al criterio de la PGR, se concluyó que le corresponde a la administración activa determinar si procede o no el pago correspondiente. Por lo anterior, se está a la espera de que ese proceso concluya», indicó el Ministerio de Justicia ante una consulta de este medio, a pesar de que el caso de Barrantes es similar al de Zúñiga.
Sin referirse. Este medio intentó conversar con el viceministro de Paz para preguntarle por qué debe esperar al criterio del Ministerio para devolver el dinero, si la Procuraduría y Casa Presidencial aclararon la situación; sin embargo, informaron que por respeto al proceso no se referirá.
«El viceministro Barrantes ha expresado que, por respeto al proceso que se está llevando a cabo, es prudente esperar a que culmine en la Dirección Jurídica antes de dar declaraciones», manifestó David Delgado, de la oficina de prensa del ministerio.
El gobierno informó este martes que todos los jerarcas envueltos en situaciones similares deben devolver el dinero, como un ‘símbolo de transparencia y compromiso’.
