San José – El diputado Mario Redondo presentó un proyecto de ley para castigar hasta con siete años de cárcel las ‘chambonadas’ y el despilfarro de los fondos públicos.
La iniciativa procura adicionar un nuevo artículo 52 a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública.
La nueva regla se utilizaría para para castigar con prisión entre 6 meses y 2 años cuando el funcionario que, teniendo a su cargo la planificación, ejecución, administración o supervisión de programas, proyectos, obras o servicios públicos así como compras de bienes públicos, facilite o permita el incremento injustificado de costos, gastos o erogaciones de cualquier tipo de recursos públicos siempre que el monto no exceda los 100 salarios base.
En caso de exceder esa cantidad y hasta llegar a los 200 salarios base, la pena sería de 1 a 4 años de prisión y por encima de esta última cifra, correspondería una sanción de 3 a 7 años de cárcel.
«Estamos hartos de que en este país se despilfarren decenas de miles de millones en chambonadas, de que se malgaste el dinero del pueblo un día sí y otro también, y que no pase nada, que nadie responda por esos graves errores», dijo el diputado al presentar el proyecto.
El legislador insistió en que en los ciudadanos siempre quedan insatisfechos con los atrasos en las obras públicas.
«El derroche de recursos públicos nos cuesta muy caro a todos. Primero, porque gracias a las pifias, los fallos y los errores de cálculo, terminamos pagando más dinero del originalmente contemplado. Segundo porque las obras, programas, proyectos, bienes o servicios que se iban a realizar o adquirir con esos dineros no se concretan y las necesidades ciudadanas permanecen insatisfechas», criticó el legislador de Alianza Demócrata Cristiana.
El proyecto ahora recorrerá la corriente legislativa hasta ser aprobado por el plenario de los diputados.
