(Opinión) Huelga en el Poder Judicial: un caso de pésima comunicación política

Por Fabián Meza.

Periodista.

Pocas huelgas gozan de la aceptación de las mayorías. La del Poder Judicial, de la que hemos sido testigos en los últimos días, puede que pase a ser una de las más impopulares de la historia reciente de nuestro país. Se trata de un movimiento en el que sus dirigentes han cometido todos los errores posibles, desde el punto de vista de la comunicación política.

Veo cinco tropezones puntuales y garrafales consumados por los cabecillas del movimiento, lo que ha potenciado el repudio de la mayor parte de la ciudadanía.

Falló lo primordial: el mensaje. Los gremios que potenciaron esta huelga no se preocuparon nunca por explicarle a “los usuarios”, como despectivamente llaman a quienes tenemos que acudir al sistema de justicia, por qué están en huelga. Y lo que la mayoría -que ha visto cómo sus familiares o ellos mismos se pensionan con una porquería de retribución por toda una vida de trabajo, hablo de los del régimen del IVM- ha percibido es que los funcionarios judiciales están luchando por un privilegio, por una gollería, aunque no sea así. La verdad, para mí, fue difícil encontrar la propuesta de los gremios ante la comisión especial de pensiones, evidencia de que el mensaje primordial que tenían que dar para justificar su descontento no estaba claro, no fue potenciado y estoy seguro, porque les pregunté a varios funcionarios judiciales y no me supieron decir, muchos de los que estaban en huelga no tenían idea acerca de lo medular del porqué de la huelga. Existe, entonces, una falta de claridad en la información a lo interno del movimiento y, mucho más, ante la opinión pública, desperdiciando medios gratuitos para exponer sus ideas, como las redes sociales.

La vocería fue un desastre. El punto máximo de esa calamidad se dio el lunes 24 de julio, en el programa 7 Días, cuando la presidenta de la Asociación de Jueces, Adriana Orocú, protagonizó un debate con la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano. Orocú quiso responsabilizar a los diputados de la huelga. Falló. Quiso defender la huelga como un derecho fundamental. Falló. Quiso explicar; con palabras sacadas de esos indescifrables diccionarios de ciencias jurídicas que utilizan jueces, fiscales, defensores y abogados para hablar y escribir; por qué, siendo jueces de la República, no habían acatado el mandato de la Sala Constitucional para devolver los cuerpos que se amontonaban en la morgue. Falló de manera contundente. Y más contundente fue la Defensora, quien comprende muy bien un punto vital en comunicación política y en la política como tal: a la gente lo que la mueve es lo emocional, no lo racional. Para entender mejor lo que les comento comparto el link del debate: http://www.teletica.com/Noticias/168223-Dolorosa-y-criticada-medida.note.aspx.

Creo que, ya, es hora de dejar de ver las vocerías como un andamio para potenciar la imagen de personas que aspiran a surgir dentro de las instituciones o en la vida política nacional. El vocero tiene que ser el más apto, según sea la crisis que le toque enfrentar, es decir, debe manejar un lenguaje verbal y no verbal óptimo, debe denotar fortaleza o conciliación, según sea el caso, pero, sobre todo, debe conocer toda la información del conflicto y tener la inteligencia emocional para decidir cuál es la mejor respuesta o explicación y darla con una balanza en la que sopese los intereses de su gremio y los del resto de la sociedad. Pero, sobre todo, debe estar entrenada, preparada, asesorada para no fallar ante el “canilleo” que genera la luz de los focos de las cámaras y el plató. No puede hablar como si estuviera sentada en su silla del tribunal de jueza, no puede bajar los ojos para la leer las notas que alguien le hizo, no puede dudar, mucho menos tartamudear.

Quise dejar como tercer punto el elemento que enardeció a la mayoría en relación con la huelga: la medida de presión. Pocas veces, si no es que esta ha sido la única, se utiliza el dolor humano de la pérdida de un ser querido como moneda de cambio para llamar la atención y tratar de influir en la decisión de los que deben, en este caso, legislar. Es inaceptable, poco ético e inhumano usar 39 cadáveres de personas que perdieron la vida de forma violenta para presionar, en una huelga, aunque se trate de la más justa del mundo. Este elemento se trajo abajo el movimiento de los trabajadores del Poder Judicial. Con él se rompieron los límites y, no contentos con ello, transgredieron otra regla de oro en la comunicación política: no se puede defender lo indefendible. La medida sensata de las cabecillas de los gremios era haber aprovechado ese momento de incertidumbre para mostrarse humanos, sensatos, conciliadores y haberles dicho a los ciudadanos: estamos luchando por nuestros derechos, pero no queremos jugar con el dolor ajeno. Oportunidad dilapidada.

El cuarto error es recurrente en un conflicto social de esta índole: emprenderla contra la prensa. Si es que algún medio tiene un sesgo en el conflicto o su línea editorial va en contra de los huelguistas, ante los gritos que salen de la tumbacocos de “prensa vendida” y otros calificativos similares, el mecate se termina de romper. Pelearse con los medios es el peor error que un movimiento de cualquier índole puede cometer, porque los medios tienen el control exclusivo de lo que se publica. En vez de gritarles consignas en su contra, los líderes gremiales deben de buscar las estrategias para aprovechar las oportunidades de las entrevistas y explicar las razones de sus descontentos, justificarlas de manera clara para toda la gama de audiencias que existen con el objetivo de obtener la razón en el conflicto. Y si no lo logran con la prensa, insisto, ahora existen las redes sociales.

Por último, no podemos perder de vista un hecho que me genera un profundo sin sabor: la responsabilidad de los Magistrados en todo este conflicto. Han faltado hormonas para apuntar con el dedo a los verdaderos responsables de que, hoy, los “usuarios” del Poder Judicial no tengamos cómo poner una denuncia. La administración del régimen de pensiones en manos de los jueces superiores, sus súper pensiones de lujo de hasta 10 millones de colones y hasta sus resoluciones, como la Nº 2010001625 de enero de 2010, con la que se trajeron abajo el límite de las pensiones, dejándolas sin límites, son, apenas, tres evidencias de lo que los gremios, en su huelga, no se han atrevido a decir.